El sindicato ELA ha denunciado hoy el "pasotismo institucional" ante la "precariedad" laboral en las obras públicas subcontratadas por el Gobierno Vasco en las que ha asegurado que han llegado a constatar jornadas de 22 horas y salarios que no superan los cinco euros a la hora.
Representantes de este sindicato han comparecido hoy en comisión parlamentaria a petición de EH Bildu, para explicar la situación de los operarios que trabajan en subcontratas de obras que dependen del Ejecutivo autonómico.
Uno de sus portavoces, Luis Fernández, ha denunciado que la situación de estos trabajadores es "muy grave" y ha indicado que "en cualquier obra es evidente la precariedad, el fraude y la seguridad cero".
"Se meten muchas horas, los ritmos son trepidantes y el que denuncia se va a la calle", ha señalado Fernández, quien ha precisado que han llegado a comprobar jornadas diarias de doce horas y "alguna de 22" y sueldos de cinco euros a la hora.
Frente a esta situación ha criticado el "pasotismo institucional" y ha asegurado que "se hacen obras de miseria porque la inspección y los políticos miran a otro lado".
Se ha centrado en las obras de varios colegios dependientes del Departamento de Educación y ha dicho que las empresas se hicieron con ellas con bajadas de hasta el 40 % del precio de salida en la licitación.
También ha hablado del trazado de la alta velocidad ferroviaria y ha afirmado que en estos trabajos "no se respeta nada" porque "los salarios son de miseria, no se tienen vacaciones, ni dietas ni pagas".
"Es una selva sin leyes y el Gobierno Vasco siempre ha mirado al otro lado", ha concluido.
Desde los grupos, Rebeca Ubera (EH Bildu) ha compartido que se están llevando a cabo prácticas "fraudulentas" y ha advertido de que las precariedad incide también en la calidad de las infraestructuras.
Begoña Otalora (PNV) ha reconocido que en algún caso puede haber "situaciones inaceptables", pero ha indicado que su partido no acepta que se diga que el Gobierno Vasco promueve obras en situación de precariedad, al tiempo que ha defendido el trabajo de los inspectores.
Desde Elkarrekin Podemos, Jon Hernández ha reclamado mayor control y un mayor impulso sancionador, convencido de que "si a las empresas no se les achucha no cumplen en materia de salud y seguridad laboral".
La socialista Gloria Sánchez también ha defendido que los inspectores de trabajo tienen "total independencia técnica" en sus actuaciones y "nunca admiten una dirección política".
Por último, el popular Javier Ruiz de Arbulo ha hecho hincapié en que elevar el precio de salida de las licitaciones no asegura mejoras en las condiciones labores, por lo que ha dicho que no cree que "haya que poner el precio en la licitación y sí en la inspección de trabajo".
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