CCOO considera que el Gobierno, junto a los sectores más conservadores, ha tratado de limitar el poder de los sindicatos, abriendo múltiples causas y actuaciones penales contra delegados sindicales por su participación en huelgas.
En un artículo publicado por la revista de la Fundación 1º de Mayo (de CCOO), el sindicato asegura que, para los sectores más conservadores, debilitar a los sindicatos haciéndolos prescindibles "es una prioridad", campaña a la que se ha sumado el Gobierno con decisiones dirigidas "al corazón de las relaciones laborales".
Para ello, añade el texto, las autoridades han abierto múltiples causas y actuaciones penales contra sindicalistas y trabajadores que participaron legítimamente en las huelgas convocadas contra las reformas laborales o los recortes en el Estado Social y de Bienestar.
Estas actuaciones judiciales afectan a 300 personas, para algunas de las cuales se piden hasta 8 años de prisión, como es el caso de los trabajadores de Airbus -cuyo juicio comienza el próximo mes de febrero-, si bien también hay procesos abiertos contra empleados de Navantia, Coca-Cola o Fiesta.
Para ello, CCOO indica que el Gobierno "está utilizando un artículo del Código Penal de la dictadura franquista para condenar a los trabajadores, una ley que se utilizó en su momento para suprimir las huelgas".
Se trata del artículo 315, que castiga con penas de cárcel de hasta 3 años a quienes coaccionan a otros para iniciar o continuar una huelga.
Por otro lado, CCOO cree que la última reforma laboral (de 2012) se está aplicando bajo el pretexto de la crisis económica del país, aunque sus "verdaderos objetivos son restringir el derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva y la privatización de los derechos públicos".
Por todo ello, el artículo llama a los afiliados al sindicato a expresar el apoyo al derecho a huelga y su solidaridad con las personas que están afrontando procesos penales, al tiempo que subraya que "es hora de decirle al Gobierno que ya es suficiente".
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