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Andorra transpone las directivas europeas de resolución bancaria

La normativa incorpora a la normativa andorrana la planificación de la recuperación y de la resolución y el requisito mínimo de fondos propios y de pasivos

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El Gobierno de Andorra ha aprobado el Proyecto de ley de recuperación y de resolución de entidades bancarias y empresas de inversión, un texto que completa la transposición de las directivas europeas sobre este ámbito, explicó el ministro de Finanzas, Èric Jover, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este miércoles.

La normativa tiene un triple objetivo, más allá de cumplir con el Acuerdo Monetario al que se llegó con la Unión Europea en 2011: asegurar la continuidad de las actividades, "la interrupción de las cuales podría perturbar el buen funcionamiento de la actividad económica"; proteger los depositantes, y minimizar el riesgo para los contribuyentes.

Este Proyecto de ley derogará la Ley del 2015 de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias, que ya transponía parcialmente las directivas europeas y que se aprobó con motivo del caso de Banca Privada de Andorra (BPA), para así "simplificar y clarificar la legislación", afirmó Jover, que también es portavoz del Ejecutivo.

La normativa se estructura en diez capítulos, además de una serie de disposiciones adicionales, transitorias y finales, e incorpora a la normativa andorrana la planificación de la recuperación y de la resolución y el requisito mínimo de fondos propios y de pasivos de los que tendrán de disponer las entidades.

Jover relató que cada país, en función de sus características, adecua la transposición de la normativa europea, y en este caso se ha adecuado "a la realidad andorrana".

Así, el ministro explicó que las entidades andorranas ya han hecho un esfuerzo importante, por lo que se ha querido que la implementación de las nuevas obligaciones no suponga "un estrés suplementario" y se haga en un ritmo adecuado.

Una de las disposiciones transitorias sirve para que el proceso de resolución de BPA se haga siguiendo el marco legal que establecía la ley del 2015, y el ministro ha explicado tras el Consejo de Ministros, que Andorra Banking -entidad que agrupa las entidades bancarias de
Andorra- considera esta legislación "necesaria y positiva".

Discriminación contra la mujer

El portavoz ha afirmado que el Gobierno de Andorra acusa a la asociación Stop Violències de "hacer declaraciones falsas" delante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Cedaw, en sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas (ONU).

El Ejecutivo interpreta que "de manera voluntaria, se falta a la verdad" por parte de la representante de la asociación, y estas manifestaciones han motivado parte de un informe del Cedaw.

Jover ha afirmado: "Tenemos la obligación de dar información veraz y cada uno debe asumir sus responsabilidades", por lo que se ha informado a la Fiscalía para que realice las acciones pertinentes si lo considera oportuno.

Por otro lado, se preparará un informe complementario para hacer notar al organismo que algunas consideraciones "no se basan en elementos objetivables".

También ha dicho que trabajarán para transmitir el compromiso del Gobierno con los derechos de todos sus ciudadanos y su estructura institucional, que "aporta valor añadido para el futuro".

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