Firman acuerdo para apoyar financiación salarios de personas con discapacidad
La Consejería de Empleo de Castilla y León, representantes de centros especiales de empleo y seis entidades financieras han firmado[…]
La Consejería de Empleo de Castilla y León, representantes de centros especiales de empleo y seis entidades financieras han firmado hoy un convenio para facilitar la financiación de los salarios que cobran las personas con discapacidad en las subvenciones otorgadas por la Junta.
"Esos casi 6.000 trabajadores hoy sabrán que van a seguir cobrando a tiempo", ha afirmado el representante de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM), José María Ibáñez, quien ha recordado que en Castilla y León no se suelen producir retrasos en los pagos, ya que está "dentro de las tres Comunidades que mejor están pagando"
El objetivo del convenio es precisamente que no se produzcan retrasos en los pagos de los trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo y de los trabajadores con riesgo de exclusión en las empresas de inserción que hayan solicitado las subvenciones, que se cifran en al menos el 50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional(SMI).
El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado en rueda de prensa tras la firma del convenio que la subida al 75 por ciento del importe de la subvención que asume la institución en casos de discapacidad severa fue un compromiso que se adoptó al inicio de legislatura y que ya se ha cumplido.
"Cuando se trata de un nuevo contrato el importe de la subvención asume el 75 por ciento del SMI" ha asegurado el consejero, quien además ha resaltado que el presupuesto de este año para los centros especiales de empleo y empresas en riesgo de exclusión es de 24 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,3 por ciento.
El convenio de colaboración para la mejora de la financiación afecta a subvenciones de casi 6.000 trabajadores que desempeñan su labor en 220 empresas, de las que el 33 por cierto se encuentran en el medio rural, según ha destacado Ibáñez, que ha valorado este aspecto porque ayuda a "mantener la población" en los pueblos.
Además, ha defendido que "el gasto social es una inversión", un cambio de concepto que se ha asumido desde hace dos o tres años, cuando mediante estudios se ve que por cada euro invertido en gasto social retornan al menos 1,7 euros, ha indicado.
En el acuerdo firmado esta mañana han participado las entidades Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEMCYL), la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Castilla y León (ACCECYL) y la Asociación para el Fomento en Castilla y León para las Empresas de Inserción (FECLEI).
También ha sido suscrito por seis entidades financieras, que son las que aportan liquidez al proyecto, Banco Caixa Geral, Caja España, Banco Santander, Caja Rural, Triodos Bank y Banco Popular, que financiarán la cuantía de las subvenciones con unas condiciones de un tipo fijo de interés máximo del 1,75 por ciento y hasta un 0,25 por ciento de comisión de apertura.
Otro de los objetivos de la política de empleo social de la Junta consiste en superar las 5.000 personas con discapacidad trabajando en los portales de empleo, cifra que según ha anunciado Fernández Carriedo ya se superó a finales de 2017, con "un total de 5.462 empleados, que superan en el nueve por ciento el compromiso de la legislatura".
El consejero ha destacado que al pago de las subvenciones también afecta otro factor, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que aumentó en el ocho por ciento el año pasado, el cuatro por ciento en el ejercicio actual y la expectativa es llegar a los 850 euros dentro de dos años, una cantidad que aunque sea "insuficiente" es "relevante" por la subida lograda desde los 650 euros hasta los 850 en cuatro años.
Esta subida fue uno de los temas tratados ayer en la Conferencia Sectorial en la que estuvieron presentes todos los consejeros de Empleo de las autonomías y donde se acordó que esta subida del SMI aprobada por el Estado y que afecta a las Comunidades sea cofinanciada por el Gobierno de la Nación, según ha aclarado Fernández Carriedo.
.