CCOO pide que Consejería Educación no aplique medidas para racionalizar gasto

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha presentado un requerimiento ante la Consejería de Educación y Empleo para que las medidas adoptadas a partir de Real Decreto-Ley 14/2012, de racionalización del gasto público, dejen de ser aplicadas ya no ya se dan las circunstancias extraordinarias y de déficit público de entonces.

En una nota, el sindicato afirma que el Real Decreto-Ley "de los recortes" supuso "un duro varapalo" para el sistema educativo extremeño y, en general, el español.

Entre otras medidas de carácter excepcional, continúa, el Gobierno central aumentó el número de estudiantes por aula y la jornada docente, amplió a dos semanas el plazo para la sustitución temporal del profesorado y demoró la implantación de los planes de reordenación de la Formación Profesional (FP).

La ampliación de la jornada lectiva y la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública, que quedó reducida al 10%, provocaron la destrucción de varios miles de puestos de trabajo en apenas un año y medio; las jornadas parciales crecieron un 30% y la temporalidad "se disparó", con lo que en la región uno de cada cuatro docentes es interino.

Asimismo, se dificultó gravemente la autonomía de las administraciones educativas y, entre otras cuestiones, imposibilitó la convocatoria de plazas que permitieran continuar con las tareas docentes iniciadas por el profesorado con contrato temporal, sin tan siquiera tener en cuenta el calendario escolar.

En el ámbito universitario, agrega CCOO, se condicionó el número de horas de docencia a la actividad investigadora evaluada positivamente.

Por esto, la actividad docente se duplica en detrimento de la actividad investigadora y, consecuentemente, repercute de una forma negativa en la carrera, la promoción profesional y las retribuciones de un elevado número de docentes funcionarios.

Por esto, se añade, han demandado al Ministerio de Educación a través de un proceso contencioso-administrativo de derechos fundamentales por la vulneración de los de la a la educación, al empleo público y el principio de seguridad jurídica del que deben gozar todos los ciudadanos, y le requiere la derogación o suspensión sine die del Real Decreto-Ley 14/2014.

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