Hasta 2.000 personas en riesgo de exclusión social podrían ser contratadas

Hasta 2.000 personas en riesgo de exclusión social podrían ser contratadas gracias a nuevas cláusulas incluidas en la Ley de Contratación Pública que priman este tipo de contratación frente a otras que carecen de un cupo mínimo de personas con discapacidad y de personas en riesgo de exclusión social.

Los pormenores de estas cláusulas se darán a conocer en unas jornadas de contratación pública responsable organizadas por Ucomur, EAPN, CERMI, FEACEM y Reas-Murcia que serán inauguradas este viernes por Nuria Fuentes García-Lax, directora general de Relaciones Laborales y Economía Social de la Consejería de Empleo y que han sido presentadas hoy por Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur y Cepes; Diego Cruzado, presidente de EAPN; Pedro Martínez, presidente de CERMI y FEACEM; y Luigi Carinci, presidente de REAS-Murcia, en la sede de Ucomur.

Santiago Lesmes, responsable de Área de Contratación Pública Responsable, hará una ponencia y acto seguido Martínez moderará una mesa redonda sobre el impulso y compromiso a las cláusulas sociales desde las administraciones públicas.

Leire Álvarez de Eulate, gerente de Giztea y experta en contratación pública responsable hablará sobre los contratos reservados a centros especiales de empleo y empresas de inserción, y el consejero de Haciendo, Fernando de la Cierva, será el encargado de clausurar las jornadas.

Pedreño ha explicado que con esta ley han conseguido aportar una mayor facilidad para la contratación por parte de la administración con empresas de economía social y la prohibición de hacerlo con compañías que no cumplan con la cuota de reserva de personas con discapacidad.

Asimismo, han conseguido estimular a través de cláusulas sociales a las empresas que carecen de responsabilidad social y una reserva obligatoria de contratos para empresas de la economía social junto con la acreditación de que la solvencia económica financiera "sea proporcional al objeto contractual".

Han sustituido el criterio de oferta económica por el de oferta mejor 'calidad-precio' para que no se anteponga una contratación por ser más ventajosa económicamente debido a que ésto suponía que las empresas de economía social no pudieran quedarse con contratos de trabajo públicos y lo hicieran empresas grandes "aunque no tan especializadas", ha afirmado Pedreño.

Martínez ha subrayado la cláusula de reserva de contratos, ya que supondrá de gran ayuda para realizar contrataciones a estas empresas fomentando la inserción de personas en riesgo de exclusión social que podría ir en aumento hasta el un ocho o diez por ciento.

Esto supondría una novedad muy importante que hasta 2.000 personas en riesgo de exclusión social puedan ser contratadas, según ha explicado Carinci.

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