UGT lamenta contratación pública de seguridad privada no se ajuste a convenio

El sindicato UGT ha instado a la Junta de Extremadura y al resto de administraciones en la comunidad autónoma a que sus contrataciones para vigilancia de seguridad privada se ajusten tanto al convenio estatal del sector como a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

El responsable del área de Seguridad de UGT Extremadura, Raúl Plano, ha manifestado a Efe que la nueva Ley de Contratos del Sector Público obliga al cumplimiento de los convenios sectoriales, entre otros, para evitar que las empresas adjudicatarias puedan posteriormente incentivar la precariedad de sus empleados.

El sindicato pedirá a la Junta que cumpla esta normativa, así como el convenio estatal de empresas de seguridad privada, por el cual la oferta económica no tiene tanta relevancia en las licitaciones, y por tanto los derechos laborales y los salarios son respetados.

Raúl Plano ha manifestado que la oferta económica representa el 80 por ciento del total de la puntuación de las licitaciones en la mayoría de los contratos efectuados para la vigilancia por las administraciones en la región y en algunos casos llega al cien por cien.

Esta situación contrasta con los contratos que se realizan en la mayoría de las comunidades autónomas, donde la oferta económica representa solo el 50 por ciento dentro de la puntuación para decidir la adjudicación.

Esta circunstancia provoca que muchas grandes empresas no concursen hoy en la comunidad autónoma, y por tanto se deje el camino expedito a compañías de vigilancia que no respetan en muchos casos los derechos de los trabajadores.

El representante sindical ha afirmado que "es difícil entender que las administraciones puedan contratar a empresas que no cumplen los convenios".

Por otra parte, y como ha explicado, los sindicatos quedan ahora también pendientes a nivel nacional del Reglamento de Seguridad Privada que estaba previsto de cara a este mes, pero ahora a expensas de la decisión del nuevo Gobierno.

El pasado mayo, el Ejecutivo central sacó a información pública el decreto que aprobará este reglamento, cuatro años después de ver la luz la ley a la que debe desarrollar.

Este reglamento es muy importante, pues es el que atribuye las funciones en este ámbito, así como por ejemplo medidas suficientes y efectivas para acabar con las agresiones a vigilantes de seguridad.

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