UPA valora la disposición del Gobierno a regular pozos en el Alto Guadiana

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha valorado este miércoles la disposición del Gobierno de España para solucionar el problema de la regularización de los pozos de agricultores profesionales y explotaciones prioritarias en el Alto Guadiana.

El secretario regional de UPA, Julián Morcillo, y la vicesecretaria regional, Montse Cortiñas, se han reunido con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en un encuentro solicitado por la organización agraria, ha informado el sindicato agrario en nota de prensa.

El objetivo, ha explicado Morcillo, era abordar la problemática pendiente de las explotaciones prioritarias, motivo por el que UPA puso en marcha movilizaciones, reivindicaciones, tractoradas y concentraciones en los últimos años a fin de buscar una solución definitiva para los regantes y agricultores.

De hecho, ha recordado que existía un compromiso de los gobiernos central y autonómico para poner 40 hectómetros cúbicos a disposición de los regantes del Alto Guadiana para la regularización de pozos que se formalizó con la aprobación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).

Un plan que se puso en marcha en 2008, fecha en la que comenzó la compra de derechos hasta 14,5 hectómetros cúbicos que sirvieron para regularizar los expedientes de leñosos con 7.000 metros cúbicos por explotación en un primer momento.

Sin embargo, la organización agraria ha exigido durante años una "solución definitiva" para los 1.650 expedientes de los agricultores profesionales y explotaciones prioritarias que siguen pendientes.

La solución, según UPA, pasa por el compromiso inicial del Ejecutivo central de 25 hectómetros y por reconocer a las explotaciones de leñosos de hasta 15 hectáreas con una dotación de 15.000 metros cúbicos por explotación, a razón de 1.000 metros cúbicos por hectárea.

También 5 hectáreas de hortícolas a razón de 4.000 metros cúbicos por hectárea con un tope de 20.000 metros cúbicos por explotación, y 10 hectáreas de herbáceos con un tope de 20.000 metros cúbicos por explotación.

UPA ha instado al Gobierno de España a materializar y concretar sus compromisos y ha lamentado que los agricultores profesionales que se encuentran es esa zona desde el año 2008 se encuentran en un "limbo legal" generado por la propia Administración.

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