El 81,5% de inspecciones a vehículos y empresas de VTC acaba en infracción

El 81,5% de las inspecciones realizadas a los vehículos y empresas VTC realizadas por la consejería de Fomento e Infraestructuras entre 2015 y 2017 acabó con el levantamiento de una infracción, según se desprende de la respuesta dada por el consejero del ramo, Patricio Valverde, a una pregunta del PSOE en la Asamblea Regional.

En total, este departamento del Gobierno regional realizó 27 inspecciones durante esos tres años, tanto en carretera como a las empresas que ofertan este tipo de servicios, detectando en ellas 22 infracciones.

Así, en 2015 se llevaron a cabo 3 inspecciones en carretera, levantándose tres infracciones por realizar servicios fuera de la residencia del vehículo; no llevar visible la autorización cuando se realiza el servicio fuera de la residencia del vehículo; y por llevar a cabo el servicio careciendo de permiso para ello.

Ese mismo año también se efectuaron 6 inspecciones a empresas, de las que se incoaron 4 infracciones, todas ellas por ofertar servicios de VTC sin disponer de autorización.

En 2016 sólo se realizaron 3 inspecciones a vehículos o empresas, levantándose otras tantas infracciones, dos por realizar el servicio careciendo de autorización y la restante por obstrucción a la labor de los funcionarios.

Finalmente, en 2017 se llevaron a cabo 14 inspecciones, de las cuales resultaron 12 infracciones: una por falta de datos obligatorios en la hoja de ruta; seis por realizar transporte de viajeros sin autorización; dos por obstrucción; y las tres restantes por facturar u ofertar servicios sin ser titular de la autorización y por contratar con un mediador no autorizado.

Hay que recordar que la Asamblea Regional pidió por unanimidad en abril de 2018 que el Gobierno regional aumentara la inspección a las plataformas de transporte con conductor, y que la Comunidad Autónoma o los ayuntamientos implanten una autorización adicional a la exigida por el Gobierno central que valore su incidencia sobre la actividad de los taxis.

La moción presentada por el PP defendía que los 90 vehículos con conductor (VTC) actualmente operativos en la Región, frente a las 774 licencias de taxi otorgadas, remarcaba que los controles fueron "insuficientes" para luchar contra la "competencia desleal" en el sector del transporte.

Entre otras tareas, los inspectores comprueban que el chófer esté dado de alta en la Seguridad Social, además de exigir la hoja de ruta que por ley debe llevar con los datos del cliente y el traslado que va a realizar, y se controla que no operen más del 20% del tiempo fuera de la comunidad autónoma que le ha otorgado la licencia.

La moción incorporó una enmienda del PSOE en la que insta al Gobierno regional a que estudie la fórmula jurídica que obligue a las plataformas VTC a contar con una autorización de funcionamiento urbana añadida a la exigida por el Ministerio de Fomento, y cuya concesión corresponderá a la consejería competente o al ayuntamiento.

Este permiso, en todo caso, deberá contar con el informe previo del ayuntamiento afectado, que deberá informar valorando la incidencia de dicha concesión sobre el servicio público del taxi, la movilidad, el medio ambiente y sobre cualquier otro aspecto que se estime relevante.

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