La UGT pide que el índice de precios de vivienda incluya a los alquileres

La secretaria de políticas sociales de la UGT, Mari Carmen Barrera, ha solicitado al Gobierno que el Índice de Precios de Vivienda (IPV) incluya los alquileres, como un paso previo a los controles y topes comprometidos en el acuerdo con Unidos Podemos para su establecimiento durante 2019.

Barrera se ha reunido este jueves en el Ministerio de Fomento con la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, y en declaraciones a periodistas tras el encuentro ha explicado que la contención del precio del alquiler pasa en primer lugar por contar con unos datos públicos y fiables.

"El control de precios es complicado y no es que estemos en contra ni mucho menos de lo que dice Podemos, pero en la práctica sería una medida ineficaz", ha dicho Barrera.

La dirigente de la UGT cree que es necesario antes contar con un índice de precios público, ya que actualmente los datos se basan en las estadísticas de los portales inmobiliarios -referidas a las ofertas y no al precio efectivo de los contratos- o en los recogidos por algunas comunidades autónomas, con criterios heterogéneos.

"Avanzar en esa información más regulada es lo que permitirá en el futuro llevar a controlar los precios", ha señalado Barrera, que se ha preguntado "quién puede establecer un control sobre algo de lo que no hay información pública" y ha opinado que la regulación tiene que "empezar desde arriba (el Estado) y no desde abajo (los ayuntamientos)".

Barrera ha indicado que Beunza no le ha avanzado si el control de precios (comprometido en el actual acuerdo presupuestario con Unidos Podemos para implementarse a lo largo de 2019) será incluido como una enmienda parlamentaria al decreto-ley que se aprobó en diciembre o si se regulará en la ley estatal de vivienda que prepara el Gobierno.

Según la dirigente de la UGT, esa será "la verdadera ley que regulará el mercado", por lo que espera contar pronto con un borrador del proyecto de ley.

No obstante, ha considerado que el decreto-ley con medidas urgentes que entró en vigor el mes pasado y tiene que convalidar el Congreso este enero ya ha supuesto "un primer paso que marca una línea" para destacar "el papel social de la vivienda" ante un mercado "salvajemente liberal y privado, de especulación".

En este sentido, Barrera ha valorado que el decreto-ley haya "equilibrado la desigualdad en las relaciones entre arrendador y arrendatario que estableció el PP", así como ve "muy positivo que permita a los ayuntamientos invertir el superávit en construcción de viviendas sociales o la eliminación de algunos impuestos para la persona que alquila".