Unidos Podemos pregunta a Ribera por medidas para reintegrar costes de Castor

El grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados ha pedido la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique qué medidas va a tomar para reintegrar al sistema gasista las cantidades pagadas por el almacén de gas Castor.

Unidos Podemos ha solicitado la comparecencia en comisión de la ministra después de las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que obligan al Estado a reintegrar más de 100 millones de euros por varias sumas abonadas por la construcción y el mantenimiento de este almacén de gas subterráneo, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y que tuvo que ser hibernado tras producirse movimientos sísmicos en la zona.

En noviembre, el Supremo ordenó el reintegro de 18 millones de euros abonados a Enagás en los ejercicios 2014 y 2015 por las tareas de mantenimiento del almacén de gas.

Posteriormente, el pasado 10 de diciembre se conoció una segunda sentencia que obliga a devolver al sistema gasista 15,7 millones pagados a Enagás por el mantenimiento del almacén y 80,6 millones correspondientes a la primera cuota anual del crédito de 1.350 millones solicitado para cubrir la indemnización a la sociedad concesionaria, Escal UGS, controlada por ACS.

Los recursos responden a la demanda que presentó la patronal catalana Cecot contra la orden ministerial de 2015 que establecía los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y a la retribución de las actividades reguladas.

Además, Cecot, que alegó que la orden recurrida se basaba en el real decreto-ley del que fueron declarados inconstitucionales varios preceptos en diciembre del año pasado, mantiene impugnadas las órdenes ministeriales de los ejercicios 2017 y 2018 y espera un fallo favorable por el cual el Gobierno debería reintegrar al sistema gasista unos 200 millones de euros.

En septiembre de 2013, el Ejecutivo suspendió la actividad del almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona y, mediante un real decreto de 2014, se estableció una indemnización de 1.350,7 millones de euros para Escal UGS, participada por ACS, por la paralización del almacén, así como una retribución a Enagás por el mantenimiento de la instalación que está hibernada a la espera de si se decide si se desmonta o sigue en la misma situación.

Para abonar la indemnización a Escal UGS, se hizo a Enagás, que asumió en un primer momento la indemnizacion, titular de un derecho de cobro, que transfirió a tres bancos -Santander, Bankia y La Caixa-.

El real decreto-ley aprobado por el Gobierno del PP establecía que la indemnización y los gastos de mantenimiento se sufragarían cargándolos al recibo de gas durante 30 años, pero desde que el TS anuló varios preceptos de esa norma ni los bancos ni Enagás perciben el dinero.

Por otra parte, Unidos Podemos ha presentado varias preguntas al Gobierno para las que solicita respuesta escrita sobre la interconexión gasista Midcat entre España y Francia, un gasoducto que conectará Cataluña con la zona del sur de Francia, en las que solicita que el Ejecutivo diga si va a dejar de apoyar una infraestructura que, a juicio de este grupo político, es "innecesaria" para España.