El año del pulso entre taxistas y VTC se salda con una solución diferida

El incremento de licencias de transporte con conductor, que en 2018 casi se duplicaron, llevó al gremio del taxi a multitudinarias protestas en verano y supuso el primer gran reto para el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien echó el freno al VTC con una solución diferida.

El Gobierno decidió en septiembre finiquitar las VTC para uso urbano e indemnizarlas con tiempo -no con dinero- mediante una moratoria de cuatro años para que amorticen sus inversiones.

Además, mientras, comunidades autónomas y ayuntamientos podrán establecer sus propias condiciones, y a partir de 2023 será competencia municipal otorgar las licencias VTC, como un medio de transporte más en la ciudad, al igual que cada urbe decide cuántos buses, taxis, coches compartidos, bicis o patinetes eléctricos tiene.

Las medidas de Ábalos fueron convalidadas en octubre por la mayoría del Congreso, pero los diputados aprobaron también tramitarlas como proyecto de ley y, por tanto, se dieron un plazo de medio año -hasta el próximo abril- en el que podrán hacer enmiendas.

El pulso entre los dos sectores gemelos se tensó en 2018, aunque había comenzado años atrás, con el cambio de siglo, cuando el otrora lujoso servicio con chóferes se popularizó gracias a las nuevas tecnologías y comenzó a rivalizar con el taxi.

En especial desde 2009, al liberalizar la Ley Ómnibus el transporte, pese a que chocaba con lo previsto en la Ley de Transportes Terrestres de 1987 y su reglamento de 1998, que fijó un ratio de una licencia de VTC por cada treinta de taxi.

Aun así estuvo vigente hasta 2015 y en esos seis años de veda abierta miles de empresarios o autónomos solicitaron licencias de VTC, que iban quedando en un limbo por impugnaciones judiciales.

Hace un año el Tribunal Supremo las dio por buenas y se aceleró el goteo de sentencias a favor, juzgado a juzgado, que abría el paso a las VTC como alternativa de transporte urbano y disparaba el enojo de los taxistas, que fueron a un paro patronal o "autohuelga" a finales de julio.

En 2018 casi se duplicaron las licencias de VTC, hasta llegar a 12.500 en noviembre, mientras las de taxi son unas 66.000.

La ratio se acerca a un VTC por cada cinco taxis, lejos del uno/treinta de la ley -de nuevo- vigente, por eso no se conceden ya nuevas licencias, pero aún quedan otras pendientes en los juzgados.

El cierre patronal de julio lo iniciaron los taxistas barceloneses, después de que el Tribunal Superior catalán suspendiera una norma del Àrea Metropolitana que trataba de restringir la actividad de empresas como Uber y Cabify, al regular sus turnos laborales o cuestiones técnicas.

Los 11.000 taxistas en "huelga" de Barcelona contagiaron a los 16.000 de Madrid y a los del resto de España, en plena canícula estival, con una protesta masiva que dejó estampas históricas, como la del Paseo de la Castellana repleto de taxis blancos, junto a otras violentas, de vehículos de VTC zarandeados.

Los anuncios de Fomento de que permitiría que las autonomías regularan las VTC desconvocó la movilización de taxistas al empezar agosto, aunque avisaron que las podrían retomar en cualquier momento.

Así ha sido en noviembre, con nuevas protestas durante la campaña electoral andaluza o en la Puerta del Sol madrileña, para denunciar la pasividad de momento de las comunidades autónomas y consistorios para poner límites a las VTC, algo que pueden desde hace dos meses.

La asociación mayoritaria de taxistas, Fedetaxi, prepara una denuncia contra Fomento ante la Unión Europea porque considera que el período de gracia indemnizatorio que se dio a las VTC constituye una "ayuda de Estado" que les perjudica.

En cambio, la agrupación mayoritaria entre los propietarios de licencias de VTC, Unauto, ha lamentado las últimas protestas del taxi, ya que ve lógico que los ayuntamientos aún no entren a regular, pues caben modificaciones parlamentarias al texto de Ábalos.

Unauto ha señalado que no entiende "de qué se queja ahora el sector del taxi", que, a su juicio, fue más beneficiado por Fomento.

El pulso entre taxistas y "uveteceros" dejó en 2018 un daño colateral: una nueva grieta en la unidad sindical.

La UGT se posicionó claramente en defensa de los conductores de VTC, cuyos empleos corrían peligro, e incluso cedió su sede para las protestas y rubricó acuerdos con Unauto.

Mientras, en cambio, CCOO no hizo tan nítido ese apoyo, sino más bien se centró en pedir garantías para el servicio público "universal y homogéneo" que presta el taxi.