Los embargos sobre viviendas caen el 3,3% en el tercer trimestre en CyL

Las ejecuciones hipotecarias (o embargos de una propiedad para su venta) tras el impago de un crédito para una vivienda cayeron el 3,3% en el tercer trimestre en Castilla y León respecto al mismo periodo del 2017, con 141, cinco menos que hace un año.

Respecto al segundo trimestre del 2018, los embargos sobre viviendas se desplomaron un 42 por ciento en la Comunidad, ya que pasaron de 243 a esos 141, según los datos facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística.

En cuanto a los embargos de viviendas de personas físicas, fueron medio centenar en ese tercer trimestre en la Comunidad, la mitad que el mes anterior y un 7,4 por ciento menos que en el mismo periodo del 2017.

Los embargos de viviendas de personas jurídicas fueron 91 en el tercer trimestre del año en la Comunidad, también con un mejor comportamiento que hace un año (92) y que en el trimestre precedente (143).

En el conjunto nacional el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el tercer trimestre de 2018 es de 9.681, lo que supone un 32,4% menos que el trimestre anterior y un 5,5% más que en el mismo trimestre de 2017.

Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 1.182 son habituales en propiedad (un 27,1% menos que en el mismo trimestre de 2017) y 466 no son residencia habitual de los propietarios (un 6,5% menos).

En cuanto al total de fincas, los embargos fueron 372 en el caso de Castilla y León, frente a las 710 del mismo trimestre del 2017, lo que supone una caída de más del 48 por ciento.

Las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el tercer trimestre fueron Andalucía (1.873), Cataluña (1.501) y Comunitat Valenciana (1.471). Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (24), País Vasco (33) y Aragón (91) registran el menor número.

En el caso de viviendas, Andalucía (1.055), Comunitat Valenciana (893) y Cataluña (768) presentan el mayor número de ejecuciones. Y Comunidad Foral de Navarra (11), País Vasco (15) y Aragón (51) los menores.

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