Declaración de Impacto Ambiental compromete viabilidad del puerto de Avilés

La aplicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en los dragados de mantenimiento de la ría comprometerá seriamente la viabilidad del puerto de Avilés, que se vería obligado a incrementar hasta en un 7,5 por ciento las tasas portuarias para hacer frente a las compensaciones exigidas.

Esta alerta la ha lanzado hoy el presidente de la terminal marítima local, Santiago Rodríguez Vega, que ha hecho público el informe de discrepancias con la declaración de impacto ambiental del proyecto de dragado de mantenimiento del puerto.

Un informe que elevará al Consejo de Ministros con la esperanza de que no se apliquen las costosas exigencias de compensación medioambiental que conlleva.

Rodríguez Vega y el director del puerto, Rubén Marín, han precisado que son conscientes de la repercusión de la actividad portuaria y están dispuestos a asumir las medidas mitigadoras o compensatorias necesarias.

No obstante, han subrayado que esta toma de medidas debe hacerse de forma que sea proporcional a los efectos causados, eficaz en el uso de fondos públicos y compatible con la viabilidad del puerto.

Marín ha explicado que la DIA incurre en falta de proporcionalidad e ineficacia, obligando a la Autoridad Portuaria a asumir unos costes de entre 1,2 y 3,8 millones de euros para una compensación de arenas en la playa de Salinas de tan sólo 48.000 metros cúbicos en cuatro años.

Además, ha hecho ver que otras playas del litoral, que no están cerca de un puerto, como sí es el caso de Salinas, también registran pérdidas de arena.

Este exceso de gasto haría necesaria una subida de tasas portuarias -con las que está ingresando unos 8 millones de euros al año- de en torno al 7,5 por ciento.

"Por lo tanto, seremos un puerto caro e incómodo, donde algunas de las empresas que operan aquí más tarde o más temprano buscarán otras maneras de operar", ha advertido Rodríguez Vega, que ha recalcado que tiene que ser compatible la viabilidad del puerto con los objetivos medioambientales.

Además, están los gastos derivados de otros requerimientos como el modelo de dragado, que obliga a la colocación de tubos para que no se dispersen contaminantes durante la operación (que el puerto cree que no se produce) y la obligación de que concurran determinados factores vinculados al clima y las mareas.

Una vez dispuesta una draga para iniciar este trabajo, en caso de que no se den los factores climáticos y de marea exigidos, cada día que permanezca parada a la espera, le supondrá al puerto un gasto extra de 35.000 euros.

Por otra parte, la DIA descarga de sus responsabilidades a las administraciones competentes en el control del sistema que conforman la playa de Salinas y las dunas de El Espartal, e impone la responsabilidad a un organismo portuario, sin conocimientos ni medios para hacer frente a esta tarea.

De llevarse a cabo la DIA en su actual redacción, transcurrirán los cuatro años de plazo en los que las administraciones competentes no adoptarán medidas sobre el sistema, y el puerto incurrirá en una "enorme pérdida" de competitividad para un resultado imperceptible como es aportar 48.000 metros cúbicos en cuatro años.

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