Gobierno elaborará norma para que Enagás cobre costes mantenimiento de Castor

El Gobierno elaborará una norma para que Enagás pueda cobrar los costes que tiene por el mantenimiento del almacén de gas Castor, que no cobra desde diciembre de 2017, cuando el Constitucional anuló varios puntos del real decreto-ley que estableció la indemnización por la paralización del proyecto.

Según han indicado hoy a Efe fuentes del sector, se trataría de una orden ministerial que replicaría en las facturas de los ciudadanos los costes por las labores de mantenimiento y seguridad de la instalación que lleva a cabo Enagás desde que hubo que hibernar el almacén subterráneo de gas, situado frente a la costa de Vinaroz (Castellón), al producirse movimientos sísmicos en la zona cuando se inyectó gas.

Por el momento, tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que se ha conocido hoy, que obliga a reintegrar al sistema gasista las sumas abonadas a Enagás entre 2014 y 2015, que rondan los 18 millones de euros, por esas tareas, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de liquidar las actividades reguladas, pedir el reintegro de esa cantidad.

La CNMC paralizó los pagos para abonar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales) del almacén de gas Castor después de la sentencia del TC, que anuló varias disposiciones del decreto-ley que fijó la indemnización para los promotores del almacén.

Competencia redistribuye todos los meses el dinero que recaudan los distribuidores y transportistas de gas y electricidad entre los distintos agentes que tienen derechos de cobro en el sistema eléctrico y en el gasista, como transportistas, distribuidores y otros, a través de la liquidación de las actividades reguladas.

El Gobierno del PP suspendió en septiembre de 2013 la inyección de gas en Castor y en octubre de 2014 aceptó mediante un real decreto-ley la renuncia de Escal UGS -que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación, por lo que hizo un real decreto-ley para indemnizar con 1.350,7 millones a la promotora del proyecto, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron a través de las liquidaciones de la CNMC hasta que se produjo la sentencia del TC.

Además, el Constitucional eliminó del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso los costes de operación y mantenimiento del almacén reconocidos con cargo al sistema gasista y que lleva a cabo Enagás.

La cantidad que percibe Enagás por esas labores ascienden a entre 8 y 9 millones de euros al año, aunque en el primer año de hibernación fue más alta, de unos 15 millones, ya que se tuvieron que hacer más trabajos que los que se llevan a cabo ahora, circunscritos prácticamente en la actualidad a garantizar la seguridad.

Fuentes de Enagás han indicado a Efe que confían en que el asunto se resuelva con agilidad porque son costes auditados que casi en su totalidad corresponden a costes de seguridad y mantenimiento, y ha añadido que seguirán realizando "sí o sí" esas tareas por responsabilidad y para garantizar la seguridad.

Por otra parte, está pendiente de solucionar la situación en que se quedaron los bancos que adquirieron a Enagás el derecho de cobro de la indemnización a Escal-UGS y que dejaron de percibir esas cantidades tras la sentencia del TC, por lo que el pasado 6 de abril formularon al Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que solicitaban la devolución del dinero aportado.