Las entidades cargan el impuesto a los clientes a la espera del veredicto

Si la formalización de una hipoteca ya suponía un momento de tensión para cualquier ciudadano, la firma de esa operación está siendo aún más inquietante estos días. Porque en el acto ante el notario, con el representante del banco enfrente, el hipotecado se pregunta si debe asumir el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). En la mayor parte de las operaciones que se ejecutan desde este lunes son los ciudadanos lo que cargan con la responsabilidad de tributar. Así lo han decidido la mayor parte de las entidades financieras, donde interpretan que, por el momento, rige la obligación de tributar del prestatario. Los bancos argumentan que el fallo del Supremo del día 16, en el que sentenciaba que pagara el banco, solo afecta a las partes implicadas: Ayuntamiento de Rivas y Comunidad de Madrid. Para el resto «hay que esperar a que el alto tribunal aclare cuál es el criterio general», insisten.

Si el 5 de noviembre el Supremo finalmente determina que son los bancos los que tienen que asumir esa figura fiscal, varios grupos financieros admiten que tendrían que «actuar en consecuencia» en favor de sus clientes, que son a quienes siguen cargando con esa liquidación.

Consciente de la tesitura de aceptar la responsabilidad del AJD, el Consejo General del Notariado envió este lunes una nota aclaratoria a los fedatarios públicos en la que les insta a «advertir» sobre la situación generada tras el fallo del tribunal y su rectificación. Ese aviso puede quedar plasmado en la escritura -es complicado modificar ese documento cuando se está ante el notario, pero sí se puede incluir en los días de negociación previa-; aunque también tendría validez al ser una aclaración realizada en vivo por el notario.

Además, en las notarías recuerdan que el cliente tiene un margen de 30 días para hacer efectivo el pago del AJD ante la Administración. Antes de que expire ese plazo el alto tribunal tiene previsto aclarar su criterio y definirá si la responsabilidad es del propietario o del banco.

La otra posibilidad con la que cuentan quienes se están hipotecando pasa por aplazar la operación hasta que los magistrados se pronuncien. «Se están paralizando algunas firmas», reconocen fuentes de un banco. El cliente se arriesga a tener que volver a iniciar el proceso, incluida la revisión de las condiciones pactadas (plazos, tipos, etc.). Además, el aplazamiento puede afectar al contrato de arras -la reserva-, donde el cliente ya ha anticipado dinero antes de firmar las escrituras.

La indefinición jurídica vapulea a las acciones del sector

Los títulos bursátiles de las entidades financieras volvieron este lunes a vivir otra jornada de vértigo, después de que la semana pasada se vieran impactadas por la sentencia del Supremo en la que les obligaba a pagar el AJD al escriturar una hipoteca. A la espera del criterio que aplique el alto tribunal, los inversores optaron por vender acciones de los bancos, provocando caídas que llegaron hasta el 5,3% en el caso del Sabadell. Unicaja perdió un 4,9%, Liberbank un 4,8%, Bankia un 4,7%; CaixaBank un 3,6%; BBVA un 2,1%; Bankinter un 1,4%; y Santander un 0,5%.