PP Cuenca reitera no hay razones paralizar ATC Villar Cañas "que pilotó PSOE"

La diputada nacional del PP por Cuenca, María Jesús Bonilla, ha insistido hoy en que "no hay razones técnicas" para paralizar el almacén temporal de residuos nucleares de Villar de Cañas, al tiempo que ha recordado que se trata de "un proyecto de Estado que pilotó el PSOE".

Bonilla, quien intervino recientemente como portavoz del PP en la comparecencia parlamentaria de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que se haya negado a explicar "las verdaderas razones por las que ha tomado la decisión de paralizar el ATC".

Y se ha preguntado si esta decisión tiene que ver con "pagar favores" a Podemos, como ha sucedido en Castilla-La Mancha.

Bonilla ha recordado además que el proyecto ha estado pilotado siempre por gobiernos del PSOE, desde sus inicios en 2004 hasta la publicación oficial en 2010 del listado con las cuatro localidades finalistas para albergar el silo.

Por ello, ha reprochado a los dirigentes del PSOE que, cuando en 2015 -ya con el Gobierno del PP- se decide el municipio finalista es cuando el PSOE comienza a cuestionar el procedimiento, "pese a que Villar de Cañas reúne, según todos los informes, los requisitos de idoneidad para que el ATC pueda ubicarse allí", ha dicho Bonilla.

Por ello, la diputada nacional ha insistido en que el procedimiento ha sido "reglado, público y transparente" , al tiempo que ha remarcado que el PP ha mantenido "la misma postura desde el minuto uno hasta hoy".

También ha criticado que el Gobierno de Sánchez se cuestione ahora hasta los informes técnicos, dado que el informe preceptivo para el emplazamiento está aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad, "y así lo recoge en la petición enviada por el Secretario de Estado al Consejo de Seguridad Nuclear", ha concluido Bonilla.

Se da la circunstancia de que hoy el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Gobierno central haya decidido realizar una auditoría para conocer en qué se han gastado los 73 millones de euros vinculados al ATC.

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