Mañana entra en vigor decreto vasco que clarifica inspecciones de edificios

El Gobierno Vasco ha aprobado un decreto, que entra en vigor mañana, que actualiza y refunde en una única normativa la regulación de la inspección técnica de edificios y que agiliza y clarifica el procedimiento para su evaluación.

El decreto fue aprobado a finales de julio por el Consejo de Gobierno y mañana se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco. El texto reforma el anterior de 2012 y su posterior modificación de 2014 y aclara diversas cuestiones que dificultaban la realización de las inspecciones técnicas en todos los edificios en los que es obligatorio.

El nuevo decreto establece los criterios y requisitos que debe cumplir la inspección técnica de edificios de uso predominantemente residencial, los técnicos y entidades habilitadas para realizarla, los procedimientos y plazos, y las consecuencias derivadas del incumplimiento, entre otras cuestiones.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha explicado algunos de los cambios introducidos. Así, se precisan conceptos como la forma de computar la edad de un edificio o cuestiones relacionadas con la accesibilidad.

Además de clarificar las exigencias de inspecciones en viviendas unifamiliares, el decreto también especifica la regulación para los caseríos.

Así, se establece que no se considerarán de uso predominantemente residencial y por tanto obligados presentar la inspección, los edificios que, además de la vivienda, tengan otros usos intensivos y estén inscritos en registros industriales o de explotaciones agrarias y ganaderas.

El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha señalado en un comunicado que confía en que las mejoras introducidas en el texto ayuden a impulsar las realización de las inspecciones facilitando la tarea de los técnicos y los trámites que corresponden a los ayuntamientos y a los propietarios de edificios.

Arriola ha asegurado que estas inspecciones no son una exigencia "gratuita ni caprichosa", ya que su finalidad es "salvaguardar la seguridad de los residentes de las viviendas y de terceras personas" así como las condiciones de habitabilidad y garantizar el adecuado estado de conservación del patrimonio.

Controlar el estado de la vivienda, ha añadido, frena su deterioro, advierte de los problemas y protege a los residentes, ha subrayado.

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