Denuncia el desahucio de una familia en Vicálvaro ignorando mandato de la ONU

El grupo Stop Desahucios Vicálvaro ha denunciado que el Juzgado de Instrucción Nº3 de Madrid dictó este lunes un auto judicial que permite el desalojo de una mujer y sus tres hijos menores "saltándose toda la legalidad vigente e incumpliendo un mandato directo y vinculante de la ONU".

El Juzgado de Instrucción Nº 3 de Madrid, en sustitución al Nº30, ha dictado ayer un auto que permite el desahucio de una madre y sus tres hijos (de 10 y 4 años y un bebé de 30 días) de una vivienda de Vicálvaro que Bankia vendió a un fondo de inversión.

En un comunicado, esta plataforma de la Asociación Vecinal de Vicálvaro explica que el pasado día 16 se presentó una solicitud de inicio de procedimiento por la vulneración del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-DESC) de la ONU ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) del mismo organismo.

Al día siguiente, este Comité envió un escrito recomendando al Estado la suspensión cautelar del desalojo o el realojo de esta familia en una vivienda digna, entendiendo que existía una posibilidad de que se podrían estar vulnerando sus derechos, protegidos en el PI-DESC.

El mismo día, un abogado de oficio envió un escrito al Juzgado de Instrucción Nº 30 en el que solicitaba la suspensión del desalojo junto con la orden del Comité DESC, este escrito, junto con la orden del DESC, fueron de nuevo entregados este lunes, presencialmente, en la sede de los Juzgados.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3, que sustituye a la del número 30, ha sido la que ha dictado este lunes un auto judicial en el que declara que no suspende cautelarmente el desalojo, ya que considera que el mandato de la ONU no es un dictamen ni una resolución, lo que la plataforma ha considerado como una "arbitrariedad por parte de los poderes del Estado"

Stop Desahucios Vicálvaro ha recordado que los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado pasan a formar parte de su ordenamiento jurídico en el momento de su firma, y que el PI-DESC es una pacto firmado en el año 1977 por España, así como su Protocolo Facultativo que "ha sido ratificado recientemente, en el año 2014".

Vecinos y activistas lograron frenar este lunes el desalojo que la Policía Municipal de Vicálvaro, en funciones de Policía Judicial, se disponía a realizar, y que finalmente se retiraron del inmueble.

Según este Stop Deshucios, en el momento de la retirada, la Policía Municipal "informó" de que "el lanzamiento se ejecutará cualquier noche de la próxima semana a las cinco de la madrugada, cuando tus compañeros no puedan estar para defenderte", unas palabras que la plataforma considera "más propias de dictaduras".

"Hemos puesto en conocimiento del Comité DESC de la ONU esta infame situación y esperamos su respuesta al auto del Juzgado de Instrucción 30 de Madrid, pues tiene claras alusiones a su quehacer en defensa de los Derechos Humanos", asegura el grupo.

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