Bomberos forestales exigen que se adecue el salario a sus nuevas funciones

Los bomberos forestales de la empresa pública Tragsa se han concentrado frente a la sede de la empresa en València para exigir que se cumpla el convenio colectivo de 2018, el cual contempla una adecuación salarial a sus nuevas funciones, una segunda actividad para los efectivos mayores de 60 años y el cobro del 1 % aprobado para los empresarios públicos en 2017.

Según ha denunciado el secretario general de CCOO-PV, Antonio Criado, a la denuncia del "incumplimiento" del convenio, firmado el 16 de febrero de 2018, se suma la "precariedad" que sufren los trabajadores y el "fraude de ley en la contratación".

Además de la extinción de los incendios forestales, los bomberos ofrecen desde el 1 de enero de 2018 otros servicios de emergencia en al ámbito forestal como, por ejemplo, la búsqueda de personas o la intervención en inundaciones y nevadas.

Ante esta situación, reclaman una adecuación del salario y de la formación, ya que "las competencias que asumimos son diferentes a las que teníamos antes, atendiendo ahora cualquier tipo de emergencia en el mundo rural", ha explicado el portavoz de Intersindical, Juan Carlos Argüelles.

Otro de los aspectos que contempla el convenio es la segunda actividad para los bomberos que superan los 60 años, con el objetivo de que "no tengan que estar en primera línea de fuego".

El delegado sindical de CGT, Pablo García, ha matizado que existen "muchas otras actividades para estos trabajadores", como la gestión logística, el transporte de material a diferentes parques o el balizamiento de zonas peligrosas.

En cuanto al cobro del 1 % que el "Ministerio de Hacienda aprobó para los empresarios públicos en 2017", Criado ha subrayado que se trata de 10 euros más cada mes, algo "que tampoco se ha cumplido".

También han denunciado la precariedad laboral a la que se enfrentan, una situación que se ve agravada por el "fraude" en la contratación de los trabajadores de la empresa Tragsa.

"Tenemos a un centenar de personas contratadas por Tragsa como eventuales, las cuales están cobrando poco y 500 euros menos al mes por su eventualidad y deberían ser indefinidas porque así lo dicta el convenio", ha reclamado Criado.

Por su parte, García ha asegurado que es Tragsa quien "está poniendo el freno a los cambios" y ha añadido que "más de la mitad del servicio se encuentra en contratos fraudulentos de obra y servicio", algo que se traduce en "temporalidad" y "precariedad".

La concentración convocada para el 23 de agosto y la huelga indefinida a partir del 7 de septiembre "se van a mantener hasta que se cumplan todas las condiciones pactadas con el Gobierno de Pedro Sánchez en el convenio colectivo firmado el pasado mes de febrero", ha anunciado el portavoz de CCOO.

Por esta razón, la medida transitoria de pagar un complemento no consolidable de 300 euros la han considerado una "migaja" que "no nos aleja de nuestros objetivos ni de las convocatorias de movilización", ha concluido Criado.

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