Afectados piden al Supremo filipino evitar in extremis el cierre de Boracay

Tres filipinos elevaron hoy una petición al Tribunal Supremo del país para anular la orden de clausura de la isla turística de Boracay, que prohibirá el acceso durante seis meses desde esta medianoche por orden del presidente, Rodrigo Duterte, debido a la contaminación.

Los peticionarios, dos trabajadores y un visitante habitual de la isla afectados por la orden de cierre, solicitaron al Supremo que decrete una orden de restricción temporal (TRO), una orden judicial preliminar y/o una orden de statu quo para evitar in extremis la orden presidencial.

Argumentan que el cierre es ilegal porque el Gobierno no ha emitido la orden ejecutiva necesaria para restringir el acceso de civiles a un territorio del país, indicó a Efe la abogada Krissy Conti, de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL por sus siglas en inglés).

Esta organización legal busca evitar el cierre de Boracay y proteger los intereses de los trabajadores y empresarios que trabajan en esta isla de 1.032 hectáreas ubicada unos 300 kilómetros al sur de Manila, que solo el año pasado recibió dos millones de visitantes.

Alrededor de 36.000 personas verán afectados sus medios de vida por la clausura, mientras las pérdidas podrían alcanzar los 56.000 millones de pesos (874.000 euros o 1.070 millones de dólares), según algunas estimaciones.

Tras calificar la isla como una "cloaca" por la contaminación de sus aguas, Duterte ordenó el cierre al público durante seis meses para solucionar los problemas medioambientales.

Empresarios y trabajadores de Boracay han protagonizado en las últimas semanas frecuentes protestas para reclamar al Gobierno que modernice la isla por fases en lugar de optar por la vía radical.

Como respuesta, el presidente envió a policías y militares a ese enclave turístico para lidiar con posibles incidentes.

En cuanto al plan de saneamiento de la isla, se prevé que sea necesario diseñar un segundo sistema de alcantarillado, ensanchar la avenida principal y derruir establecimientos ilegales.

De momento, no se han presentado proyectos concretos a escasas horas de hacerse efectivo el cierre.

Por otra parte, el Gobierno concedió en marzo a una empresa de Macao (China) la licencia para un proyecto de construcción de un resort y casino en Boracay por valor de 500 millones de dólares (407 millones de euros).

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