CC critica que el Gobierno demore su visto bueno al paseo a Playa Blanca

El Consejo Político Local de CC en Puerto del Rosario ha mostrado hoy su preocupación porque el Ministerio de Medio Ambiente aún no ha respondido al Ayuntamiento ni al Cabildo de Fuerteventura respecto al nuevo borrador de convenio para ampliar el paseo marítimo hasta Playa Blanca, remitido el 8 de marzo.

Esa falta de respuesta es criticada en un comunicado por el secretario local de CC, David de Vera, sobre todo por no corresponderse, según él, con la actitud ?ejemplar y de máxima colaboración? de los responsables de ambas corporaciones.

Actitud que pone de manifiesto el hecho de que han tramitado hasta seis borradores del convenio para responder a sucesivos requisitos que ha planteado el Ministerio, subraya.

Y ello -añade- a pesar de que ?se trata de una obra que no es de competencia local", lo cual no ha sido obstáculo para que, "con el ánimo de agilizarla de una vez por todas, tanto Cabildo como Ayuntamiento hayan mostrado su máxima disponibilidad?.

Prueba de ello es que ambas instituciones han ofrecido su colaboración al Ministerio de Medio Ambiente, mostrándose dispuestas a financiar el 100 % del coste de la obra y a asumir toda la tramitación de su contratación y mantenimiento, sostiene.

David de Vera explica que el importe global del proyecto es de 2.943.527 euros, de los cuales 250.000 se pretenden invertir este año, ejecutando los 2.693.527 restantes en 2019, y que el 100 % de esta cuantía será aportada por el Cabildo de Fuerteventura.

En la última versión del convenio se incluye que el Ministerio, a través de Costas, llevará la dirección y el control de la obra, mientras el Ayuntamiento de Puerto del Rosario asumirá todos los trabajos de la licitación y mantenimiento del paseo, una vez finalizado, explica el portavoz de CC.

Y destaca que, sin embargo, para poder comenzar los trabajos el Ministerio deberá aprobar el convenio y poner todos los terrenos necesarios a disposición del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, tanto los expropiados para el proyecto como los pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre.

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