Gestión privada de servicios públicos costará 225.000 millones al R.Unido

La construcción y gestión por parte del sector privado de servicios públicos como escuelas, infraestructuras y hospitales costará al Reino Unido 199.000 millones de libras (unos 225.000 millones de euros), reveló hoy la Oficina nacional de auditoría (NAO, en inglés).

La NAO indicó que los 716 contratos vigentes bajo el programa oficial conocido como Iniciativa de financiación privada (PFI), en el que las empresas edifican y gestionan infraestructuras públicas a cambio de pagos a plazos del Estado, tuvieron en 2016/17 un coste de unos 10.300 millones de libras (más 11.600 millones de euros).

La oficina auditora señaló que estos pagos con dinero público se prolongarán hasta mediados de la década de 2040, lo que totalizará esos 199.000 millones.

La NAO dijo que la ruta de la financiación privada, introducida en los años 90 y que el Gobierno justifica porque reduce el riesgo inversor para el contribuyente, "resulta en costes adicionales comparado que las operaciones con dinero público".

El capital reunido a través de PFI o de la complementaria PF2 cuesta de un 2 a un 3,75 % más que el dinero tomado en préstamo por el Estado británico, señala el organismo, que advierte de que "los pequeños cambios en el coste del capital tiene un impacto en los costes totales".

El informe difundido hoy, que será analizado por la comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, se conoce después del anuncio de la quiebra esta semana de la constructora Carillion, que proporcionaba muchos servicios públicos en el Reino Unido.

La caída de Carillion, que el lunes entró en liquidación forzosa al no poder refinanciar su deuda, lo que pone en peligro decenas de miles de empleos, ha causado una gran polémica y un debate sobre la participación privada en los servicios públicos.

El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, pidió ayer al Gobierno conservador de la primera ministra, Theresa May, que prescinda de estas empresas y que los servicios públicos "los faciliten empleados públicos, con una ética de servicio público y con una fuerte supervisión pública".

Varios sindicatos han reclamado también el fin de las colaboraciones público-privadas y la presidenta de la Comisión de Cuentas Públicas, Meg Hillier, señaló que "no hay pruebas" de que las PFI resulten rentables para el contribuyente.

Un portavoz del Gobierno ha declarado por su parte que "muchos proyectos vitales de infraestructuras como carreteras, escuelas y hospitales se financian mediante PFI y PF2, lo que estimula la economía, crea empleo y ofrece mejores servicios públicos".

La fuente aseguró que el Gobierno ha mejorado la transparencia de estas operaciones e insistió en que el dinero del contribuyente está protegido porque "el riesgo de la construcción y del mantenimiento a largo plazo del proyecto se transfiere al sector privado".