Ciudadanos dice que la consulta sobre libranza del taxi no cumple con mínimos

El grupo municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado hoy que "la convocatoria para realizar una consulta sobre la libranza obligatoria en el sector del taxi no cumple con los requisitos mínimos que debe tener un asunto tan importante".

Así lo ha anunciado la portavoz municipal de Cs en el consistorio capitalino, Beatriz Correas, quien ha explicado que "se trata supuestamente de un acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 26 de noviembre".

Sin embargo, Correas afirma que "no existe acta de dicha sesión", y, mucho menos "bases de la convocatoria ni censo publicado", por lo que "no hay periodo de reclamación y es imposible realizar alegaciones".

Al respecto, afirma que en el último pleno Cs preguntó al concejal de Movilidad -José Eduardo Ramírez- si había censo y que le contestó con "un movimiento de cabeza afirmativo".

Correas subraya que "el equipo de gobierno no puede realizar un referéndum vinculante sin tener un censo y publicarlo" y, además, lamenta que "parece que lo que quieren evitar es que no haya impedimento de votos".

Este hecho demuestra, a su juicio, que "siguen trabajando por sus intereses y no por solucionar un asunto tan delicado como es la libranza obligatoria".

Asimismo, critica que "se ha convocado con prisas y haciendo una distinción entre los propios taxistas", ya que "han dejado fuera de la votación a los asalariados, que también tienen su certificado habilitante expedido por el Consistorio".que para el tripartito existen taxistas de primera y de segunda".

En este sentido, la concejal de Cs recuerda que, cuando se comenzó a montar la mesa del taxi, "se aprobó la representación de todos en dicho órgano", por lo que "no se entiende que unos puedan votar y otros no, saltándose así el acuerdo al que llegaron en la primera reunión".

"No se puede jugar con un problema tan polémico y que ha supuesto tantos quebraderos de cabeza para el sector del taxi", recalca Correas, quien defiende que "la libranza obligatoria no puede depender de un referéndum convocado con pinzas y en el que no pueden votar todos esos trabajadores que podrían verse afectados por la decisión de unos pocos".

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