Demandas judiciales y movilizaciones contra alquileres turísticos en Centro

La Asociación vecinal de Sol y Las Letras ve "decepcionante" la postura de Manuela Carmena sobre los pisos de alquiler turístico y anuncia una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso por la "inacción" del Ayuntamiento tras las denuncias sobre 252 pisos turísticos sin licencia presentadas en julio.

Además de la vía jurídica, los vecinos "presionarán con recogidas de firmas, concentraciones en la calle, irán a los plenos del distrito y de la Asamblea" para exigir que se regule esta actividad, según han hoy anunciado en una rueda de prensa.

"En el 90% de los edificios de Sol y el barrio de Las Letras hay al menos un piso turístico sin licencia, y hemos detectado 58 edificios dedicados totalmente" a estos alquileres y que "son hoteles encubiertos", ha dicho el presidente de la Asociación, Víctor Rey.

Así, en el distrito Centro hay "entre 8.000 y 10.000 pisos de alquiler turístico, aunque la cifra varía cada mes, de un censo total de 60.000 viviendas, lo que sitúa entre 15% y 20% el porcentaje" de uso turístico, algo "difícilmente compatible con el uso residencial dentro de un mismo edificio y una misma calle", según el arquitecto Alfredo Carda, asesor de la asociación.

"Ello genera problemas de convivencia y de seguridad que llevamos tiempo denunciando: ruidos, juergas, basuras, uso abusivo de zonas comunes. En julio pasado presentamos 8 denuncias que engloban a 252 viviendas en ocho edificios y el Ayuntamiento hasta la fecha no ha hecho nada", añadió.

De estas demandas, "a cuatro ni siquiera se les había dado número de expediente en estos seis meses ni les habían asignado un funcionario responsable de tramitarlas", añadió Carda, y a las otras cuatro habían abierto expediente de inspección sin que esta se realizara, por lo que han decidido ir a la vía judicial, ya que "el plazo máximo del Ayuntamiento para contestar es de tres meses".

"Este es el barrio más castigado, pero no el único, también en Lavapiés o Malasaña", según Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la Federación de asociaciones vecinas de Madrid (FRAVM), que ha alertado que "una persona puede entrar por los Pirineos y salir por Gibraltar, de vivienda en vivienda sin dejar registro de ningún tipo".

Si en la Comunidad de Madrid "hay más de 20.000 viviendas turísticas y en el registro figuran solo 4.000 la Administración tiene un problema grave", según Pérez, y de ellas un 25% se concentran en el Centro. "Por cada vivienda registrada, hay otras cuatro que no lo están y operan de manera absolutamente alegal".

Desde la asociación reclaman a Comunidad y Ayuntamiento "que apliquen la normativa existente", ya que ambas administraciones "son culpables de no ejecutarla".

Para el arquitecto es "bastante decepcionante" el anuncio de la alcaldesa de permitir alquilar hasta 90 días anuales sin licencia y ha preguntado "cómo piensan controlar que no sobrepasen ese límite. Es tremendamente difícil aplicar este control".

La alcaldesa "ha salido al paso" con un anuncio cuya efectividad "es mínima", según Pérez. Al dividir las viviendas en dos grupos -las que se alquilan hasta 90 días y las que superan 90 días-, "está diciendo que en el primer caso no se hará nada y en el segundo que se aplicará lo que dice el decreto de la Comunidad de Madrid".

Pero este decreto la Comunidad de Madrid "lo va a derogar, va a quitar esa división", y la medida que el Ayuntamiento ha anunciado "no solo ya está en la normativa vigente sino que va a dejar de estarlo" en cuanto lo deroguen, agregó. "No es una medida efectiva, es ruido y delata que el Ayuntamiento no comprende el problema", según Pérez.

Respecto a una eventual denuncia contra la Comunidad, ha dicho que ésta tiene "una ley y un decreto, otra cosa es que estos no estén preparados para hacer afrontar este problema. Una denuncia judicial contra la Comunidad no cabe porque no está incumpliendo, pero sí una denuncia política".

Pero si alquilan viviendas no registradas, que además incumplen la obligación de tener una entrada independiente, y "la Comunidad no está actuando, según marca su propia normativa, ahí sí teníamos que plantearnos la posibilidad de ir también a un contencioso", ha concluido Pérez.

"No estamos contra el turismo, ni contra el empleo y la riqueza que crea, pero hay que regularlo", apostilló.

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