Trabajadores sociales piden ordenar política vivienda para evitar injusticias

El colegio oficial de los trabajadores sociales de Cataluña han pedido hoy sistematizar y ordenar las políticas de vivienda de las diferentes administraciones, ya que la diversidad de actuaciones, en su opinión, "genera injusticias".

El Colegio de Trabajo Social de Cataluña (TSCAT) ha hecho público hoy un informe, titulado "Vivienda y Trabajo Social", según el cual los recursos que ofrecen las administraciones son "insuficientes y poco ágiles".

Este informe constata "una gran diversidad de actuaciones y organización entre los diferentes municipios, así como en los consejos comarcales y en la Generalitat", y plantea una serie de medidas para "asegurar una intervención especializada y mejorar la coordinación entre los agentes implicados".

Además, según el TSCAT "la complejidad de los desahucios y el incremento de los empleos precarios requieren una mirada integral, una intervención de trabajo social especializada y una buena coordinación".

"La realidad también es diversa en cuanto a dotación de alternativas habitacionales, en el parque público de vivienda y en la tipología de empleos precarios que se dan en todo el territorio, un fenómeno que se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años", han agregado.

Los trabajadores sociales señalan que la dificultad de acceso a la vivienda y los procesos de pérdida de la misma -cada vez más vinculados a la incapacidad de pagar el alquiler, más que la hipoteca- han desbordado la administración pública, "poco ágil", según el informe de la Comisión de Servicios Sociales Básicos (SSB) del TSCAT.

Junto a ello, señalan que "la falta de recursos para cubrir las necesidades de la ciudadanía, los protocolos anticuados y la gran cantidad de requisitos a justificar para acceder a las ayudas públicas han propiciado la movilización de la sociedad civil" lo que ha significado "una sacudida de las estructuras organizativas de los trabajadores sociales, que saturan su capacidad de respuesta".

Por ello, el TSCAT reivindica "la figura de la trabajadora social allí donde haya atención, tratamiento y competencia en materia de vivienda, para que intervenga en los espacios de valoración de alternativas habitacionales y de concesión de recursos".

En los procesos de desahucio, "los trabajadores sociales defienden que no deben estar presentes en el momento de las ejecuciones judiciales, ya que no forma parte de sus funciones asistir a comisión judicial, ni tienen funciones ejecutorias".

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