Activan un plan especial para evitar robos durante la campaña olivarera
La Subdelegación del Gobierno en Granada ha activado el plan especial de seguridad para la campaña olivarera con el objetivo[…]
La Subdelegación del Gobierno en Granada ha activado el plan especial de seguridad para la campaña olivarera con el objetivo de reducir el número de aceitunas y maquinaria agrícola que se roba, y que se desarrolla en coordinación con las organizaciones agrarias.
El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, se ha reunido hoy con representantes de la Guardia Civil, del Ministerio de Agricultura y Pesca, y de organizaciones agrarias para activar el plan especial diseñado como cada año para minimizar los delitos en el campo.
En el encuentro, Fuentes ha confiado en que la campaña se desarrolle sin incidencias destacadas en el ámbito de la seguridad y ha pedido la colaboración de los representantes agrarios y la adopción de medidas de cautela encaminadas a evitar robos de aceituna, aperos y maquinaria empleada en la recolección.
Entre estas medidas ha destacado el traslado, lo antes posible, del producto recolectado al punto de compra, el inicio de la recolección por las áreas más próximas a caminos y carreteras o el control de maquinaria y utensilios utilizados.
Los responsables del plan también han recomendado que, en caso de robo, las denuncias se formalicen cuanto antes para facilitar una actuación rápida que permita recuperar el producto.
La Guardia Civil prestará especial atención a la prevención de sustracciones de maquinaria, control de los puntos de almacenamiento y recepción de la aceituna, recogida y traslado del producto y control de mercancías.
Para este último punto, han elaborado una circular sobre la ordenación del transporte, circulación, recepción y venta de productos agrarios que incluye una documentación para seguir la aceituna desde su recolección hasta el punto de venta y evitar así irregularidades.
Incluye además la obligación de los propietarios de las fincas de tener la documentación necesaria para impedir que se encubran situaciones de aprovechamientos ilegales o de contratación irregular de trabajadores, con la finalidad de comprobar que el personal que participa en la recolección se corresponde con el designado por el titular de la explotación.
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