El fiscal eleva la pena a la excúpula de Abengoa por «beneficiar» a Benjumea

El juicio por las polémicas indemnizaciones multimillonarias que percibieron en 2015 el expresidente y fundador de Abengoa, Felipe Benjumea, y su antiguo 'número dos', Manuel Sánchez Ortega, quedó este lunes visto para sentencia. El primero se enfrenta a cinco años de cárcel, frente a cuatro años y tres meses del segundo, por un delito de administración desleal.

Cuatro años de prisión es la condena que la Fiscalía pide para los miembros de la comisión de retribuciones, que avalaron «con su complacencia» esos pagos pese a que la compañía estaba prácticamente en quiebra, con un agujero de 9.000 millones de euros. Es medio año más de lo que solicitaba antes, al corregir un error técnico.

Según sus conclusiones finales, los exconsejeros Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornielles (que luego fue presidente unos meses tras la salida de Benjumea) «arbitraron el mecanismo» para que el fundador de la empresa «saliera beneficiado» de lo que parecía una marcha «lógica conforme a las reglas de mercado». Para el fiscal fue una «renuncia voluntaria», pero el principal acusado alegó que lo hizo forzado por la banca acreedora.

 «Lo dejaron todo bien atado», criticó el fiscal, "para que lo que tenía que ser la negociación de una ampliación de capital (que sería cubierta en su mayoría por la banca) se convirtiera en una salida voluntaria oculta tras la apariencia de un cese". Y ello, apunta, a sabiendas de que la empresas «ya atravesaba una grave crisis» y sin que dichos pagos resultaran «una necesidad legal» dado que las cláusulas por las que se concedieron no estaban justificadas y tenían una redacción "poco clara".

De ser condenados, y con independencia de las penas privativas de libertad, los acusados deberían indemnizar a Abengoa de forma solidaria con Benjumea en 11,48 millones, y en otros 4,48 millones junto a Sánchez Ortega. Esas cantidades se corresponden con las polémicas compensaciones que ambos percibieron al dejar la compañía.

Benjumea percibió siete millones como «bonificación por permanencia», condición que ninguno cumplía porque no tenía 65 años en el momento del cese, entre otros requisitos. Otros 4,48 millones -la misma cuantía que Sánchez Ortega- correspondían al supuesto carácter forzoso de su renuncia y el resto, hasta un total de 15 millones, fueron por varios pagos salariales del ejercicio en curso.

Refinanciación recurrida

De otro lado, el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla ha confirmado las excepciones aceptadas al acuerdo de reestructuración financiera suscrito con acreedores y bonistas en marzo pasado, tras haber aceptado los recursos de parte de ellos. Entre esos inversores se encuentran tanto empresas, caso por ejemplo de la aseguradora Allianz, como particulares. El magistrado ha excluido su parte de la deuda del pacto final, con un valor nominal de 72 millones aunque fuentes jurídicas sostienen que incluyendo intereses atrasados y otros impactos superarían los 170 millones. No obstante, para obtener esa compensación deberán instar otro procedimiento judicial.

Dicho plan de refinanciación implicaba una quita del 97% en su deuda y una inyección de 1.169 millones en capital nuevo. A cambio, los bonistas y «hedge funds (fondos de alto riesgo)» tomaron el 50% de las acciones, frente al 40% para la banca, un 5% de avalistas e igual proporción para los antiguos accionistas, que sin embargo antes tenían prácticamente el 100%.