Fomento busca resolver el problema de las bajas temerarias en la contratación

El Ministerio de Fomento está intentando resolver el problema de las bajas temerarias en la contratación pública en España, tras la aprobación de la nueva ley que la regula, según el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar.

Fomento pretende cerrar mucho más las desviaciones respecto de la media en lo que es admisible, hasta el 2,5 %, para buscar "una línea recta con la menor pendiente posible", lo que haga que se pueda descartar ofertas que sean "demasiado agresivas", ha añadido en su intervención en un foro organizado por la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide).

El ministerio se encuentra en una etapa de revisión del peso de las ofertas técnicas y las económicas, haciendo un balance más equilibrado, ya que "un peso excesivo" a estas últimas está produciendo luego problemas de gestión de la obra, una circunstancia que hay que resolver, ha señalado.

En la ley de contratos, siempre hay esa "tensión" entre el control y la eficacia que es muy difícil de resolver, ya que "cuando se pone el acento en el valor económico en la contratación, al final, uno acaba teniendo ofertas excesivamente exageradas, lo que hace muy difícil que se pueda llevar a cabo el cumplimiento de la obra que se ha adjudicado", ha detallado.

En cambio, cuando se da mayor valor a la parte técnica, "se empieza a poner en cuestión si los elementos menos objetivos en la contratación son los que están ahí presentes", ha agregado.

Para Gómez-Pomar, se trata de un auténtico "dilema" y "un problema irresoluble que se resuelve de una manera distinta, según el tiempo que vivimos".

En una situación de penuria presupuestaria, se acude a aquellos procedimientos, donde la valoración económica es más intensa para obtener una transferencia de valor hacia el sector público, mientras que, cuando se produce una saturación en este sistema, se empieza a cambiar los acentos, ha dicho.

Según el secretario de Estado, la nueva ley, que supone la transposición de la regulación de la Unión Europea, es una mejor herramienta para seguir avanzando en una buena contratación pública.

A su juicio, al final, la Administración se nutre del conocimiento y el valor de las empresas privadas para suministrarles todo tipo de servicios, por lo que se necesita una buena ley de contratos. "A ver si entre todos somos capaces de construir con la práctica y la experiencia unos pliegos y unas condiciones de contratación que nos dejen a todos satisfechos", ha abogado.

Gómez-Pomar ha subrayado que la nueva ley es una apuesta por la transparencia y por la utilización de los medios electrónicos y telemáticos, y también por "mantener ese compromiso entre competencia, transparencia y eficiencia que tan complicado resulta para toda la legislación en materia de contratación pública generar un sistema eficiente de gobernanza", ha destacado.

Asimismo, aligera algo que ya hace el Ministerio de Fomento, como son las cargas administrativas de los licitadores mediante la declaración responsable, ha indicado.