Urbanismo inicia el expediente para expropiar el bloque VIII del Camp Redó

El Área de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna llevará mañana a la junta de gobierno de Cort el inicio del expediente para llevar a cabo el proyecto de expropiación del bloque VIII del barrio de Camp Redó, presupuestado en 629.944,11 euros, con el objetivo de demolerlo en 2018.

Esta partida proviene de fondos de la Ley de Capitalidad (488.000 euros), y del presupuesto de la concejalía (141.944,11 euros), explica en una nota de prensa el Ayuntamiento de Palma.

El concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, José Hila, ha afirmado que con esta actuación se quiere "recuperar el barrio". "El Camp Redó es una apuesta firme de este equipo de gobierno después de años sin ningún tipo de actuación", ha asegurado.

La expropiación no es una actuación aislada, forma parte de "un plan de acción", ha reiterado Hila, quien ha recordado el proyecto de reforma de las 19 viviendas municipales en el barrio, de las cuales 12 ya se han recuperado mientras que las obras de las 7 restantes están en proceso de licitación.

Otra de las líneas que se trabaja desde Urbanismo es "ofrecer ayuda a los propietarios para que constituyan comunidades de vecinos", un trabajo "muy importante" para conseguir mejorar el barrio, según el concejal.

Para 2018 se trabajará "para comprar viviendas" y con el Ibavi se intentará llegar a un acuerdo para que sus pisos de Camp Redó sean gestionadas por el Ayuntamiento. "De esta manera, los vecinos tendrían un único interlocutor", ha apuntado Hila.

El bloque VIII está integrado por 32 viviendas, 12 de titularidad pública y 20 de propietarios particulares.

De las públicas, 7 son del Patronato Municipal de Vivienda Riba y 5 del Ibavi. Estas 12 más una de un particular estaban tapiadas. Las 19 restantes sí están ocupadas por sus propietarios o por inquilinos.

Con estas familias, los técnicos del patronato han hecho entrevistas para conocer su situación económica, su estructura familiar y sus preferencias de cara a continuar viviendo en el barrio.

Ahora, "una vez iniciado el expediente de expropiación, se podrán concretar las soluciones para cada una de las familias", ha explicado el director general de Vivienda, Francisco Cifuentes.

Una solución que "puede pasar por obtener un alquiler social", según Cifuentes. El justiprecio que se ha marcado para las viviendas va de los 25.000 a los 35.000 euros, dependiendo de la superficie.

El concejal de Modelo de Ciudad ha recordado que el área abrió dos líneas de subvenciones dotadas con 300.000 euros para ayudar a las comunidades de propietarios a sufragar reformas en aquellos edificios que no han pasado el Informe de Evaluación de Edificios (IEE, antigua ITE) o que tienen un expediente de disciplina urbanística abierto.

También permitían la rehabilitación y mejora de elementos comunes y estructurales. A la convocatoria se han presentado 17 proyectos con proyectos que suman 191.000 euros.EFE

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