Herrera dice que espera que la mina de Aguablanca vuelva a funcionar
La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha asegurado hoy que, una vez resuelto de forma favorable la Declaración[…]
La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha asegurado hoy que, una vez resuelto de forma favorable la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Mina Aguablanca, en Monesterio (Badajoz), espera que el yacimiento vuelva a ser explotado.
En rueda de prensa, Cristina Herrera, ha indicado, no obstante, que ahora es la empresa propietaria, Sacyr Valoriza, la que debe decidir si continuar o no con la explotación de Aguablanca.
En caso de que la empresa opte porque la actividad continúe en la mina, se realizarían otros trámites más "sencillos" por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.
"La declaración es un procedimiento más para seguir la marcha de la mina", ha agregado a los medios de comunicación Cristina Herrera.
La resolución positiva de la DIA, solicitada hace dos años al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según Herrera, "se ha tratado de un procedimiento muy extenso" en el que han participado numerosas administraciones y organismos competentes, algunos de los cuales han enviado esta misma semana los últimos informes solicitados, como la Junta de Andalucía o el Instituto Geológico y Minero de España.
La delegada del Gobierno en Extremadura ha afirmado que la resolución ha seguido un procedimiento puramente técnico para ajustarse a toda la normativa legal.
"Es un proceso técnico en el que no han intervenido para nada los políticos, solo para el seguimiento", ha añadido, por lo que aún no tiene conocimiento de los informes ni ha podido estudiarlos.
Herrera ha lamentado que no se haya podido tener antes la declaración y espera que a partir de ahora la mina vuelva a funcionar.
Para la Junta de Extremadura y los municipios afectados por el cierre de la mina, que daba empleo directo a 400 trabajadores del pueblos del sur de Badajoz y del norte de Andalucía, este proceso ha sido excesivamente largo, lo que ha puesto en peligro la viabilidad del proyecto extractivo.
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