Caamaño avisa sobre urgencia de reclamar a cártel de fabricantes de camiones

El exministro de Justicia Francisco Caamaño ha advertido hoy sobre la urgencia de reclamar al cártel de camiones, en especial antes del 19 de julio, tras las supuestas prácticas irregulares que han supuesto perjuicios para los compradores de hasta 5.000 euros por vehículo.

La sede de la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) ha acogido la jornada "Demandas contra el cártel de fabricantes de camiones", organizada por la Asociación de Transportes Discrecionales y Especiales (Acotrader) y el bufete de abogados Caamaño, Concheiro y Seoane.

Caamaño, que es catedrático de Derecho Constitucional y fue letrado del Tribunal Constitucional, ha comentado la situación de las 1.500 empresas que en la provincia de A Coruña han adquirido camiones en los últimos catorce años.

La Comisión Europea ha detectado que los fabricantes han infringido el Derecho Comunitario al pactar los precios de los vehículos, lo que ha supuesto obstáculos para introducir nuevas tecnologías en materia de emisiones, cuyo coste ha repercutido en los compradores, algo que ahora se puede reclamar y que ya ha supuesto una multa conjunta cercana a los 3.000 millones de euros.

"Todos los posibles afectados, aquellos que han adquirido por compraventa, 'leasing' o 'renting' camiones de más de seis toneladas de los fabricantes cuyas prácticas han sido cuestionadas por la Comisión -MAN, Volvo/Renault, Daimler/Mercedes, DAF e Iveco- entre 1997 y 2011, no deberían demorarse en buscar asesoramiento y defensa jurídica y pericial para luchar por sus intereses y reclamar el perjuicio sufrido", ha afirmado Caamaño.

Subraya que "es conveniente tomar posiciones antes del 19 de julio de 2017, puesto que fue un año antes cuando la Comisión Europea adoptó la Decisión sobre la existencia del cártel y el procedimiento sancionador y el plazo para interponer la acción de reparación del daño es de un año".

Recuerda, no obstante, que "fue el pasado 6 de abril cuando se publicó la Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea", aunque asegura que el tiempo apremia.

Las reclamaciones, de hasta 5.000 euros por vehículos, podrían suponer 150 millones de euros cobrados de más a 10.000 transportistas que adquirieron 30.000 camiones en Galicia.

"La simbiosis Derecho Comunitario-Derecho Español en este asunto exige analizar estos procedimientos desde una doble perspectiva, por lo que es necesario contar con un equipo multidisciplinar y con 'expertise' en Derecho Comparado y de la Unión Europea. No estamos ante un simple procedimiento de responsabilidad civil", recuerda el exministro de Justicia.

Según ha declarado, "cuantificar económicamente el efecto de la conducta ilegal de los fabricantes integrantes del cártel en los compradores afectados no es tarea sencilla", por lo que es necesario contar con la asesoría adecuada.

"La determinación de la cuantía exacta exigirá, además de la publicación de la Decisión Definitiva, la emisión de un informe o dictamen pericial que ponga en relación las prácticas del cártel y el perjuicio económico efectivamente producido en cada caso. La construcción de un modelo econométrico de valoración veraz y no falible es un aspecto básico", ha continuado.

Ante los presentes ha considerado que el equipo jurídico de CCS Abogados, el bufete organizador de la jornada, que cuenta con exjueces, catedráticos e investigadores especialistas en Derecho de la Competencia y Derecho Europeo y Comparado y el apoyo en pruebas periciales llevadas a cabo por ingenieros económicos e industriales, será capaz de "instrumentar las reclamaciones y no errar en el tiro".

El exministro de Justicia ha participado hoy en esta jornada junto a Miguel Caamaño, catedrático de Derecho Financiero y exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia; y Daniel Castelló, profesor de la Politécnica de Valencia.

Los tres estarán este viernes en una sesión informativa similar en el hotel Puerta del Camino de Santiago de Compostela a partir de las 18.30 horas.

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