Unidos Podemos pregunta al Gobierno sobre el impacto extracción tierras raras

El grupo parlamentario Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados ha preguntado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) si ha evaluado el impacto ecológico del proyecto de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real), que es pionero en España.

Unidos Podemos ha requerido también al Mapama que explique si el Gobierno ha tenido en cuenta el impacto que puede tener el proyecto para el desarrollo económico y el empleo actual y futuro de la comarca del Campo de Montiel "debido al riesgo contaminante", según ha indicado hoy en rueda de prensa el coordinador provincial de Izquierda Unida en Ciudad Real, Pedro Mellado.

En una pregunta escrita presentada en el Registro de la Cámara Baja, Unidos Podemos ha demandado al Mapama que diga si ha tenido en cuenta el impacto ecológico que puede tener este tipo de actividad, teniendo en cuenta que el proyecto que ha presentado la empresa Quantum Minería para extraer tierras raras en el Campo de Montiel, es el primero de este tipo que se quiere poner en marcha en el país.

También le ha solicitado que aclare si se ha contemplado la posibilidad de que haya que indemnizar a la empresa, si le da la concesión para esa actividad y después se acredita que es perjudicial para el medio ambiente, para las personas o para los trabajadores.

Mellado ha advertido de que puede volver a ocurrir lo que pasó con el proyecto Castor, que planteaba construir un depósito estratégico artificial de gas natural frente a la costas de Castellón y Tarragona, que tuvo que paralizarse por provocar microseísmos.

En este sentido, ha dicho que aunque la concesión de la licencia al proyecto depende del Gobierno de Castilla-La Mancha, IU entiende que el Ejecutivo central puede legislar al respecto y limitar este tipo de actividad.

"No concebimos que una Administración como el Gobierno de España no tenga opinión sobre lo que ocurre en algún punto del territorio nacional", en este caso porque es una actividad pionera que se puede desarrollar en otros puntos del país, ha añadido.

Mellado ha apuntado que de fondo está la necesidad de reformar la Ley de Minas del año 1973, que continúa en vigor a pesar de que es una norma preconstitucional, que permite que se haga esta actividad y también que se conceda un permiso, que posteriormente se deniegue y que haya que indemnizar a la concesionaria.