COAG traslada al Ministerio sus propuestas sobre reestructuración del viñedo

COAG-Coordinadora Agraria de Extremadura ha trasladado al Ministerio de Agricultura sus propuestas para la reestructuración y la reconversión del viñedo, dentro del Programa de Apoyo al sector vitivinícola para el periodo 2019-2023, entre las que se encuentra el mantenimiento de los planes colectivos.

La ejecución de plantaciones en campañas sucesivas, más criterios de prioridad, el mantenimiento de la regla del 90 % y la actualización de los módulos máximos subvencionables, son otras de las principales propuestas de la organización agraria.

Así, COAG-coordinadora Agraria de Extremadura ha defendido la continuidad de los planes colectivos por "abaratar costes para el viticultor y facilitar su gestión burocrática", ante la propuesta ministerial de "eliminar la posibilidad de estos planes" de tal forma que cada viticultor debe presentar uno individualizado.

Según ha subrayado en un comunicado, los planes colectivos permitidos hasta ahora facilitan una mejor adaptación temporal a los arranques y plantaciones y también gestionar los fondos anuales sin grandes problemas, fundamentalmente porque son gestionados a través de las Organizaciones Profesionales Agrarias.

Además, ha defendido la gestión de los planes con operaciones en varios ejercicios y no dentro del ejercicio para el que son solicitados, como -dice- propone el Ministerio, pues ello obliga a los viticultores -cuando no disponen de tierras blancas- a "arrancar y plantar en un mismo año lo que actúa en detrimento del reposo del terreno, el desfonde y la desinfección de tierras".

En cuanto a la ampliación de los criterios de prioridad a nivel nacional, considera fundamental mantener tanto los planes colectivos como los individuales y, por este orden de preferencia, incluir a los siguientes colectivos: jóvenes agricultores dedicados a la agricultura o de nueva incorporación con planes de incorporación; explotaciones prioritarias; y de titularidad compartida.

Agricultores a título principal; agricultores profesionales; agricultor que pertenezca a una entidad asociativa prioritaria y a aquellas superficies que no hayan recibido nunca ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos, completan la lista.

Asimismo, la organización se ha mostrado partidaria de mantener la regla del 90 % para "incentivar con ello que las comunidades autónomas cumplan con la utilización de sus fondos".

Por lo que respecta al nuevo mecanismo de contribuciones en especies propuesto por el Ministerio, cree que supone "una desventaja" para el agricultor profesional que realiza sus propios trabajos y discrimina a aquellos que realizan ellos mismos las tareas en su explotación sin recurrir a empresas externas.

En este sentido, ha destacado que son precisamente los agricultores profesionales quienes tienen más estructura para realizar las tareas ellos mismos.

Desde COAG han abogado por simplificar la opción de subvencionar los medios propios sin factura por los problemas que presenta el nuevo sistema para calcular la subvención sobre la base de justificantes presentados por los beneficiarios.

Tampoco considera "justo" que la ayuda abonada a la operación (conjunto de acciones tendentes a conseguir la reestructuración y la reconversión) que incluya contribuciones en especie no pueda superar el gasto subvencionable total, excluidas las contribuciones en especie, al final de la operación.

Igualmente, entiende que dificulta la labor tanto del viticultor como de las comunidades el punto que determina que el valor atribuido a las contribuciones en especie no pueda superar los costes generalmente aceptados en el marco de referencia, porque "obliga al primero y a las segundas a conocer pormenorizadamente el coste de cada trabajo dentro de una operación".

COAG ve necesaria, además, la actualización de los módulos máximos subvencionables de cada una de las acciones para adaptarlo a la evolución de los precios de mercado.

Por último, ha apoyado que se siga incluyendo la medida de replantación de viñedos tras su arranque obligatorio por motivos sanitarios, ante la amenaza que representa para el sector la extensión de las plagas de cuarentena devastadoras que afectan a la vid, como la Flavescencia dorada y la Xylella fastidiosa, las enfermedades de la madera de la vid y la yesca.

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