El G.Vasco tiene 79.000 fianzas de contratos de alquiler por 68 millones

El Gobierno Vasco tiene contabilizadas 79.179 fianzas de contratos de arrendamiento de viviendas y locales por valor de 68 millones de euros, un año después de la entrada en vigor del decreto que establece la obligatoriedad de ingresar esos depósitos en un fondo público.

El Ejecutivo autonómico aprobó en marzo de 2016 este decreto con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad a los inquilinos, al determinar la cuantía de la fianza y establecer el servicio donde debe depositarse, Bizilagun, que además servirá para analizar la evolución del mercado de las viviendas de alquiler en Euskadi.

La cuantía del depósito de la fianza depende del tipo de contrato: de una mensualidad para arrendamientos de vivienda y de dos mensualidades para alquileres de otros inmuebles, mientras que en arrendamientos de temporada la cuantía es proporcional a la duración del contrato (dos mensualidades para un año, por ejemplo).

A finales de marzo el importe global de las fianzas era de 68,1 millones, de los cuales 44,9 millones correspondían al régimen general y 23,2 millones al concertado. A este último pueden acogerse los arrendadores que tengan un mínimo de 10 fincas urbanas alquiladas o deban depositar fianzas por al menos 30.000 euros.

Sólo el pasado mes de marzo se entregaron 2.792 fianzas en todo Euskadi: 1.403 en Bizkaia, 1.004 en Gipuzkoa y 385 en Álava.

El Gobierno Vasco ha valorado hoy en una nota que este depósito de fianzas, además de dar de transparencia al mercado inmobiliario del alquiler, ha ayudado a reducir el fraude fiscal en este ámbito.

El Ejecutivo ha destacado la "elevada conciencia ciudadana" de arrendadores y arrendatarios, y ha recordado que estos últimos pueden acceder a deducciones fiscales en el IRPF por el pago del alquiler. En la campaña de 2015 hubo 71.325 contribuyentes que obtuvieron bonificaciones por este motivo.

Un año después de la aprobación del decreto los ciudadanos que no cumplan con la obligación de depositar la fianza en el depósito público en el plazo de un mes desde la firma del contrato, deberán afrontar un recargo "sin mediar requerimiento previo expreso" equivalente al 2 % del importe de la fianza.

Esta penalización aumentará hasta el 10 % cuando sea necesario requerir el pago al arrendador y llegará hasta el 20 % en vía ejecutiva.

El Gobierno Vasco tiene previsto comunicar a los agentes de la propiedad inmobiliaria y a los administradores de fincas la puesta en marcha de este procedimiento.

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