Portugal pagará 500 millones a Banco Santander para sellar la paz

El Gobierno luso y la entidad cierran cuatro años de contenciosos por los problemas financieros de las empresas públicas de transporte de Lisboa y Oporto.

Portugal y el Banco Santander sellaron este miércoles la paz en los contenciosos que mantienen desde hace casi cuatro años por los problemas financieros de las empresas públicas de transporte de sus dos principales ciudades, Lisboa y Oporto. El acuerdo, según anunciaron desde el Gobierno luso, se traducirá en el pago de 500 millones a la entidad financiera, amén de cumplir otros compromisos.

Básicamente el Ejecutivo portugués se compromete a ponerse al día con los pagos derivados de los 'swaps' -permutas cruzadas de derechos financieros destinadas, en teoría, a cubrir contingencias como una posible subida del euríbor pero que, en principio, encarecen el coste- que cuatro empresas públicas del país firmaron en 2013 con Santander Totta, la filial en el país vecino del banco que hoy preside Ana Botín.

Dichos contratos se derivan a su vez de los créditos que el banco concedió entre 2005 y 2007 a las operadoras de transporte Metro de Oporto, Metro de Lisboa, Carris (autobús y tranvía lisboetas) y STCP (autobús y tranvía de Oporto).

A raíz de las pérdidas ocasionadas por los elevados intereses de esos contratos, que llegaron a aproximarse a los 3.000 millones de euros, y la falta de acuerdo con el banco para renegociarlos, las cuatro compañías referidas suspendieron esos pagos en 2013.

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La reacción de Santander Totta fue llevar el asunto a la justicia, donde en marzo pasado ganó una primera demanda al considerar un tribunal de Londres que no había ocultado información a las empresas portuguesas.

Pero dado que había más pleitos pendientes, tanto en Reino Unido como en Portugal, ambas partes decidieron tratar de buscar un acuerdo extrajudicial. Este se alcanzó ayer tras semanas de negociaciones e incluirá un nuevo préstamo al Estado portugués de 2.300 millones (en torno al 1,2% de su PIB).

Además, se cuantifica en 1.100 millones el dinero que recibiría el banco si el Ejecutivo decide terminar con los 'swaps' antes de su finalización, prevista en la mayoría de los casos para 2020. Un acuerdo similar fue rechazado por el anterior Gobierno conservador en 2015.

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