La Policía certifica que Ferrovial pagó mordidas a Convergència
Andreu Viloca, extesorero de Convergència, niega que la formación de Artur Mas se financiase a través del Palau
Un inspector de la Policía Nacional ratificó este martes lo que Félix Millet y Jordi Montull reconocieron días atrás en el juicio del Palau: que Convergència Democrática de Catalunya recibió mordidas de la empresa Ferrovial a través de la entidad cultural.
El miembro de la brigada de blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) negó que las aportaciones que la constructora hacía fueran donaciones legales, sino que, a su juicio, y así lo hizo constar en un informe oficial elaborado en 2012, eran «comisiones ilícitas para financiar al partido político».
El agente, que compareció como testigo y perito en el juicio por el expolio del Palau, considera que la constructora realizaba pagos al Palau que se vestían de donaciones de patrocinio a la entidad cultural. Pero, en cambio, cree que ese dinero poco después llegaba a la Fundació Trias Fargas, vinculada a Convergència, para financiar a la formación política. Unas veces esos fondos ilícitos se canalizaban a través de préstamos ficticios entre la fundación y el partido, según el agente de la UDEF; en otros casos, se camuflaron bajo la prestación de servicios inexistentes y en otros aparecieron empresas como mediadoras para el desvío.
La Fiscalía da por hecho que Ferrovial pagaba estos fondos a Convergéncia a cambio de que se le adjudicaran obras públicas. Por esta razón, la formación nacionalista tiene 15 sedes embargadas y está acusada de ser responsable a título lucrativo del expolio del Palau, con un enriquecimiento estimado de 6,6 millones. Además, Su extesorero, Daniel Osácar se enfrenta a 7 años de prisión. El que fue su sucesor, Andreu Viloca, negó ayer en el juicio las supuestas irregularidades y afirmó que no conoce ningún tipo de entrada ilegal de dinero en el partido. Justificó asimismo el flujo monetario entre la fundación y la formación política, ya que, según su versión, se cobraban «trabajos administrativos».
Viloca, que fue detenido dos veces por la supuesta financiación ilegal de Convergència en el marco del 'caso del 3%' que instruye un juzgado de El Vendrell (Tarragona), reemplazó a Osácar en 2010, cuando este cayó en desgracia por el estallido del caso Palau.
