Las constructoras piden limitar al 25 % los descuentos en adjudicación obras

Las constructoras proponen que a la hora de adjudicar una obra se limite a un máximo del 25 % el descuento sobre el presupuesto de licitación que pueden hacer las compañías que optan a hacerse con el contrato, con el fin de evitar que las bajas temerarias sigan primando en el sector.

Así se recoge en un informe elaborado por EY a petición de la asociación de grandes constructoras Seopan y en el que se proponen 25 medidas para cambiar el sistema de contratación pública de infraestructuras en España, sistema que aunque ha dado buenos resultados en el pasado ahora está "agotado".

Según datos de Seopan, en 2016, la Administración General del Estado adjudicó obras con un descuento medio del 32,8 % sobre el presupuesto de licitación, frente al 9 % que se registraba antes de la crisis, fenómeno que llevó a la reducción de los presupuestos públicos y a que en las obras pesara más el criterio económico que el técnico, en algunos casos hasta en un 80 %.

Ambas circunstancias ha llevado a que los concursos se hayan convertido en "auténticas subastas", según EY, que advierte de que aunque a corto plazo una competencia basada en la "guerra de precios" puede conllevar aparentes beneficios para las entidades contratantes y los contribuyentes, a la larga redunda en una menor calidad.

Además, suele conllevar la necesidad de aprobar sobrecostes para garantizar la finalización del contrato, como mal menor a la resolución del mismo, y disminuye la posibilidad de supervivencia de las empresas más pequeñas, "afectando negativamente a la competencia y al empleo".

Para controlar esta situación, además de limitar el descuento máximo (una medida que reconocen tal vez no guste a las autoridades de Competencia), EY propone incrementar la garantía a presentar por el adjudicatario que incurre en el supuesto de baja desproporcionada o temeraria.

También recomienda que, como mucho, se dé un peso del 50 % a la parte económica en un concurso y que un contrato se resuelva cuando se incumplan las condiciones fijadas en los pliegos, en lugar de judicializar los posibles conflictos, pues esto conlleva la paralización durante años de los proyectos.

Según la consultora, la pérdida de confianza entre las partes, las irregularidades y la inseguridad jurídica, así como la falta de planificación a largo plan, han llevado a la parálisis de uno de los sistemas de contratación pública más ágiles y eficientes, y que ha permitido a España contar con una de las mejores redes de infraestructuras a un menor coste.

Entre los motivos de esta parálisis, destacan la falta de transparencia, la corrupción y la inseguridad jurídica causadas, a su vez, por las restricciones presupuestarias, la propia falta de transparencia y la fragmentación del marco competencial y normas confusas.