Empresas estibadoras valorarán el lunes la propuesta de mediación en asamblea

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) ha convocado una asamblea de todas sus asociadas para el próximo lunes para fijar su posición respecto a la propuesta de mediación sobre efectos laborales de la liberalización del sector.

La patronal ha señalado hoy, en un comunicado, que está analizando "detenidamente" el contenido del documento, entregado ayer por el mediador, el presidente del Consejo Económico Social (CES), Marcos Peña, también a la parte social y la gubernamental implicadas en el proceso de negociación.

La propuesta de mediación recoge, entre otras medidas, la necesidad de una "normativa transitoria" que garantice la continuidad en el empleo, que puede tener una dimensión de adaptación de la regulación laboral común a estas circunstancias transitorias y otra de diseño de medidas de apoyo público que faciliten la transición.

Según el documento, la nueva normativa, "en la forma jurídica que el Gobierno considere suficiente", debe configurar "una situación de continuidad en la actividad empresarial de puesta a disposición de trabajadores portuarios" y añade que la formulación legal del principio de subrogación empresarial se complementará y articulará con fórmulas de subrogación convencional".

Las partes disponen de un plazo hasta el próximo martes a las 13.00 horas para pronunciarse sobre la propuesta del mediador, al que Anesco ha agradecido, en su nota, "el buen trabajo realizado", tanto por él como por su equipo, "en aras de buscar el mejor futuro de nuestro sector por acuerdo entre todas las partes implicadas".

El Ministerio de Fomento anunció ayer que aceptaba la propuesta del mediador y que, además, "estaría dispuesto a elaborar un reglamento para incluir el contenido de la mediación".

En su comunicado de ayer, el ministerio ha explicado, por otra parte, que ha rechazado el principio de acuerdo al llegaron patronal y sindicatos el día anterior, entre otros motivos, porque las ayudas estatales que conlleva tendrían un coste "inasumible" para el erario público, de 2.415 millones de euros, frente a los 120 millones propuestos por el Ejecutivo inicialmente.

Anesco ha calificado hoy de "erróneo" dicho cálculo, que se desconoce cómo ha sido realizado y los criterios que lo soportan, "evidenciándose que la representación del Gobierno en la reunión mantenida el pasado miércoles 29 de marzo no alcanzó a comprender la exposición realizada", ha agregado en su nota.

Por ello, la patronal se pone a disposición del Ministerio de Fomento para aclarar este asunto y aclara que la posición que defiende "se limita" a exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como la responsabilidad de España en su cumplimiento.

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