20.463 Viviendas turísticas presentan declaración para iniciar la actividad
Un total de 20.463 viviendas con fines turísticos han presentado ya su declaración responsable para el inicio de la actividad,[…]
Un total de 20.463 viviendas con fines turísticos han presentado ya su declaración responsable para el inicio de la actividad, de las que ya figuran en el Registro de Turismo 15.978 (casi el 78% del total), que suponen 83.746 plazas de alojamiento en la comunidad.
Los datos han sido aportados en el Parlamento andaluz por el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, que ha realizado un balance sobre los diez primeros meses de aplicación del decreto que integra este tipo de alojamiento en la oferta reglada y facilita su coexistencia con el resto de modalidades.
Del total de viviendas "regularizadas" con la declaración presentada, ya figuran en el Registro de Turismo 15.978 (casi el 78% del total), que suponen 83.746 plazas de alojamiento.
Por provincias, destaca Málaga, con 9.485 unidades inscritas y 50.037 plazas; le siguen Cádiz (2.327 viviendas y 12.665 plazas), Sevilla (1.585 y 7.544), Granada (1.111 y 6.062), Almería (886 y 4.516), Huelva (309 y 1.798), Córdoba (193 y 1.000) y Jaén (22 y 124).
Fernández ha pedido una ley estatal que regule estas viviendas en las mismas condiciones fiscales y laborales, y ha explicado que el decreto, en vigor desde mayo del 2016, creó la nueva categoría de vivienda con fines turísticos y estableció la inscripción obligatoria en el citado registro para poder operar.
A partir de la presentación de la declaración responsable por parte del propietario, la Consejería realiza de oficio este trámite y asigna el número que se debe usar en toda la publicidad.
El desarrollo del decreto ha supuesto también la incorporación de estos alojamientos al Plan de Inspección Programada de Turismo que lleva a cabo anualmente la Administración autonómica.
Así se han realizado 3.025 inspecciones que han consistido en peticiones de documentación, labores de comprobación y visitas a las viviendas para comprobar el cumplimiento de los requisitos.
De ellas, solo 26 han derivado en la apertura de un procedimiento sancionador, después de que la labor inspectora se haya desarrollado en toda la comunidad, en Málaga, 1.569 inspecciones; Sevilla, 651; Granada, 324; Almería, 164; Córdoba, 161; Huelva, 100; Cádiz, 37; y Jaén, 19.
Alicia Martínez, del PP-A, ha recordado que el decreto se creó para hacer aflorar una oferta privada de viviendas y apartamentos turísticos, y ha calculado que en Andalucía hay unas 60.000 viviendas clandestinas de este tipo que "aún no han aflorado", por lo que ha demandado reforzar la inspección.
"De usted depende la oferta de calidad y de que no haya agravios ni competencia desleal con los operadores tradicionales. Así se lo están reclamando y que el decreto defina actividad económica para que no repercuta en la recaudación de impuestos. Haga autocrítica y escuche al sector que tan buenos resultados ha dado a la comunidad", ha demandado.
David Moscoso (Podemos) ha alertado contra un recursos de los propietarios de viviendas turísticas, al entender -ha dicho- que la regulación "beneficia" a los grandes empresarios hoteleros.
También ha planteado su rechazo al modelo turístico andaluz, que ha tildado de "especulativo" por parte de las grandes cadenas que "precarizan" el empleo, frente a los pequeños empresarios.
El diputado de Ciudadanos José Antonio Funes ha sostenido que el decreto que regula este sector "no satisface" a ninguna de las partes y ha precisado que la patronal lo considera "insuficientes" y que ha sido recurrido en los tribunales por los interesados al estimar que hay un "limbo" por no aparecer esta modalidad en la ley de arrendamientos urbanos.
Carmen Pérez (IU) ha considerado que este nuevo modelo de negocio requiere una mayor vigilancia pisos y apartamentos turísticos clandestinos, ha reconocido el modelo es una oportunidad de negocio y para el crecimiento turístico, pero se ha mostrado partidaria de aprobar una nuevo decreto que incida en las garantías y la seguridad jurídica.
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