Medio centenar de animales aparecen muertos de hambre en una granja de Osona

Medio centenar de animales aparecieron muertos ayer en una granja del municipio de Masies de Roda (Barcelona), según ha informado a Efe el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

La Protectora de Animales de Osona denunció la situación de los animales a los Agentes Rurales de Osona, que se desplazaron ayer al lugar de los hechos y se encontraron con unos 50 animales muertos.

"El lugar desprendía un mal olor insoportable, el suelo estaba cubierto de heces y de restos de cuerpos de animales muertos, algunos ya en avanzado estado de descomposición", han destacado desde la Protectora de Animales.

El Departamento de Agricultura señala que había 25 gallinas, 8 conejos, ocas, gallos y una cabra, que eran para el consumo propio y en ningún caso para su venta.

El responsable de la granja, según ha afirmado la Protectora, no se había presentado en el espacio desde hacía aproximadamente un mes, lo que ha provocado que el medio centenar de animales haya muerto por falta de alimento y de agua.

El responsable -que estaba en régimen de alquiler en la granja- ha reconocido ser el culpable de los hechos y se ha justificado diciendo que había estado ocupado por problemas familiares y laborales durante los últimos días.

Los Agentes Rurales han abierto un expediente por el caso y lo han trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente, al Departamento de Agricultura y al de Territorio por un posible caso de maltrato animal.

Desde el Departamento de Agricultura recuerdan que el maltrato animal está recogido en el artículo 337 del Código Penal, que determina las posibles sanciones por estos casos.

El punto 3 de dicho articulo subraya que "si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales".

El responsable tendrá que hacer frente a una sanción administrativa y podría tener consecuencias penales que, según afirman desde el Departamento de Agricultura, deberán valorar las administraciones competentes.

.