Rajoy deja en manos del congreso del PP los debates más polémicos

Aunque el sector más joven del PP ha intentado que Mariano Rajoy dé un paso al frente para legislar sobre la maternidad subrogada (los conocidos vientres del alquiler) y la custodia compartida de los hijos en caso de divorcio, el presidente ha preferido depositar ese debate tan sensible en el congreso de mediados de febrero, con la intención de que, si es aprobado, entre en el discurso oficial a través de las enmiendas que se presenten y no de una propuesta del Gobierno.

Al igual que con el aborto, materia en la que el PP prometió abolir la ley de plazos de Zapatero y luego renunció a hacerlo, la ponencia social que ha elaborado el vicesecretario Javier Maroto ha optado por no fijar posición, siguiendo los dictados de Rajoy.

Aplazar la polémica

Fuentes del PP aseguran que el jefe del Ejecutivo sabe que gran parte del partido quiere «que se lleve la iniciativa en temas sociales porque al final hemos tenido que estar a rebufo de asuntos demandados en la sociedad que en su momento no hemos visto a tiempo».

El PP tan solo aplaza esta polémica hasta el próximo 10 de febrero, ya que la división interna sobre, por ejemplo, la gestación subrogada es cada vez mayor. Un sector del PP, en el que se incluyen barones autonómicos como Cristina Cifuentes, a la que se ha sumado recientemente Esperanza Aguirre, están a favor de que se regule en España esta práctica a la que acuden muchos españoles para tener hijos viajando a países donde sí se permite, como en algunos estados norteamericanos. Contra esta opción, también existe un ala del partido, inscrita en el PP de Madrid, que encabeza el exsenador y exconsejero madrileño
Luis P

eral, que demanda que no se legisle al respecto. Las enmiendas contra este tipo de gestación se multiplican, por lo que la controversia está servida en el cónclave popular.

Maroto defiende que su partido asuma esta regulación como propia, exigiendo garantías jurídicas y legales que alejen la maternidad subrogada de cualquier riesgo de negocio o lucro para la madre gestante. En esa línea el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha defendido una legislación rigurosa, mientras PSOE y Podemos, como han hecho en la Asamblea de Madrid, se oponen, al considerar que el embarazo es un «proceso vital» para la madre que siempre genera vínculos con el niño.

Otro de los puntos más polémicos que tendrán que sustanciarse en el congreso es el que se refiere a la custodia compartida. También aquí La Moncloa ha preferido «no mojarse» y dejar que sean los compromisarios los que decidan. La enmienda que ha presentado el PP valenciano, que dirige Isabel Bonig, quiere que el cuerpo ideológico que salga del cónclave recoja el espíritu de la norma que estuvo vigente en esa Comunidad desde 2011 a 2016.

Enmienda de Bonig

La ley que promovió el entonces consejero daba prioridad al pacto entre los padres, pero, en ausencia de acuerdo entre ambos, marcaba como criterio general compartir la custodia. Es decir, en caso de falta de consenso, se establecía que los progenitores se repartirían a partes iguales la responsabilidad en la educación y la formación de los hijos, además de conceder a ambos el mismo tiempo de convivencia con ellos una vez rota la relación.

La ley valenciana fue anulada por el Tribunal Constitucional no por el contenido de la misma, sino por un conflicto de competencias. De hecho, el TC la tumbó al considerar que excedía de las atribuciones para modificar y desarrollar el derecho civil que sí están previstas en el Estatuto de Autonomía.

Uno de los argumentos que utilizan los cargos del PP a favor de repartir la custodia es la necesidad de igualar a hombres y mujeres en la tarea de la educación y la convivencia con los menores y evitar que, al cabo del tiempo, muchas madres que han dedicado su tiempo a la crianza de los hijos pierdan, cuando estos se independizan, los ingresos y hasta el hogar familiar, sin que hayan podido desarrollarse profesionalmente.

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