La CE explica a los países cómo evitar fraudes en las pruebas de emisiones

La Comisión Europea (CE) publicó hoy una comunicación con orientaciones para que las autoridades de homologación de los Estados miembros de la UE puedan evitar que los fabricantes de vehículos utilicen dispositivos fraudulentos en los controles de emisiones contaminantes.

El Ejecutivo comunitario recordó que existen supuestos en los que las marcas automovilísticas pueden emplear, con condiciones, dispositivos que alteran las emisiones durante las pruebas, que se conocen como Estrategia Auxiliar de Emisiones (AES, en sus siglas en inglés) y Estrategia Básica de Emisiones (EBS).

Pero los fabricantes deben declarar estos sistemas antes de las pruebas y tienen que justificar su utilización por motivos como la "protección del motor contra averías o accidentes y en aras del manejo seguro del vehículo", precisó la CE.

Las investigaciones nacionales sobre el escándalo de las emisiones contaminantes surgidas a partir del fraude del constructor alemán Volkswagen "están revelando que un amplio número de fabricantes de coches utilizan estrategias que incrementan las emisiones fuera del ciclo de prueba", señaló la comisaria responsable de Industria, Elzbieta Bienkowska.

"Esto es ilegal a no ser que esté técnicamente justificado en casos excepcionales, y la carga de la prueba recae sobre el fabricante", agregó la comisaria, quien subrayó que "el engaño no puede ser tolerado".

El documento técnico trasladado hoy a los responsables de homologación de los Estados miembros permitirá, según la CE, que los países se posicionen sobre la legalidad de las estrategias de los fabricantes y son resultado del paquete de medidas lanzado por Bruselas para que la UE disponga de controles de emisiones más eficientes contra el fraude.

Con el marco legal vigente en la UE, los Estados miembros son los únicos responsables de las certificaciones de los vehículos y también las únicas con capacidad de sancionar a los fabricantes que incumplan la normativa.

En caso de incumplimiento, el Ejecutivo comunitario puede abrir un expediente contra el país responsable de la certificación de un determinado vehículo, pero no puede actuar directamente contra el fabricante.

No obstante, y al calor del fraude de las emisiones de Volkswagen, hace un año la CE presentó una nueva propuesta legislativa que aún no ha sido adoptada y que aboga por endurecer los controles tanto en emisiones de NOx como de C02.

Prevé, además, mejorar la independencia de las pruebas y, entre otros aspectos, otorgar más poder de actuación al Ejecutivo comunitario.

Ésta contempla que Bruselas pueda imponer sanciones de hasta 30.000 euros por vehículo tanto al fabricante como al servicio técnico, entre otros puntos de un paquete legislativo que aún deben aprobar el Consejo Europeo y la Eurocámara para que adquiera carácter de ley.

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