La Generalitat otorgará 400 euros durante un año a los refugiados

La Generalitat de Cataluña prevé dotar de una prestación económica que podría rondar los 400 euros para cubrir necesidades básicas a personas refugiadas durante el máximo de un año,
una vez hayan finalizado el plan estatal de acogida, han anunciado este martes la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, y el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós.

Lo han explicado en el marco de la presentación del Programa Catalán de Refugio, un plan de un millón de euros dirigido a que los refugiados alcancen la plena ciudadanía ante las «carencias» del plan estatal de integración, ha dicho Amorós, que no ha querido concretar la cuantía de la ayuda, a la espera de un pacto con los municipios.

El objetivo del programa, hecho con la ciudadanía, sociedad civil y mundo local --siguiendo modelos de éxito en Islandia, Canadá y Quebec--, pasa por facilitar la acogida a personas que hayan culminado el programa estatal de refugio en Cataluña sin haber alcanzado una autonomía suficiente, a nivel laboral, lingüístico y de relaciones.

Las ayudas, que no excederán la renta mínima de inserción (RMI) y no tendrán en cuenta prestaciones para la vivienda, se tendrán en cuenta de forma individual, por lo que en caso de grupos familiares el montante será superior y proporcional.

El plan empezará de forma piloto en mayo con un centenar de refugiados y 500 mentores, que son voluntarios del territorio que harán tareas de ayuda y seguimiento de los planes individuales de actividad (PIA) que deberán seguir los refugiados para integrarse a través del aprendizaje de la lengua, búsqueda de trabajo y establecimiento de vínculos.

Para acceder al plan catalán, las personas deberán tener la condición de refugiadas o solicitantes de asilo, deberán estar empadronadas en Cataluña durante el periodo de un año, tener ingresos por debajo de la RMI, no tener otros ingresos o ayudas y aceptar el PIA.

Amorós y Bassa han hecho un llamamiento a la ciudadanía para convertirse en mentor y ayudar a la acogida de estas personas, en colaboración con entidades, para poder implementar el plan a partir de mayo, mes en el que se calcula que finalizarán las ayudas estatales para el primer grupo importante de refugiados llegados al territorio catalán.

Los mentores -se calcula que cada refugiado tendrá entre tres y cinco-- se comprometerán a acompañar a los refugiados en las actividades del PIA, a establecer vínculos, dedicar a ellos entre dos y cuatro horas semanales, pasar una entrevista personal previa y hacer una formación.

La prestación económica se dará a cambio del seguimiento de una serie de actividades para alcanzar la plena autonomía: «Si no se hacen, se retirará la ayuda, de forma que el control no será por procedimiento, sino por el resultado».

Amorós ha asegurado la «cobertura legal clara» del nuevo modelo a la luz del Estatut y de la Ley de asilo estatal y las leyes catalanas de Servicios Sociales y de Acogida.

Para la consellera, la acogida de refugiados es un deber legal, pero también humanitario que debe favorecer la autonomía personal, social y laboral para conseguir la plena ciudadanía de personas que se han visto abocadas a romper de forma radical y violenta sus vínculos.

Ha deplorado que «el Estado español está incumpliendo reiteradamente las promesas», puesto que dijo que acogería a 17.000 personas y, finalmente, no ha sido así, ha lamentado la consellera.

Fruto del plan estatal, Cataluña empezó 2016 con la acogida de 28 personas y lo terminó con la recepción de 471, una cifra poco elevada pero que supone una multiplicación por 17, ha sostenido Bassa, que ha reafirmado una oferta a corto plazo de 1.250 plazas --510 en equipamientos residenciales y 740 en pisos-- y 4.500 en total.

Bassa ha pedido al Estado que abra la frontera a 271 casos de personas especialmente vulnerables que han sido detectadas por entidades catalanas en campos de refugiados, y ha pedido que se abra a la llegada de jóvenes universitarios.

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