Rajoy advierte de que hay menos dinero que en 2007 para la financiación

Mariano Rajoy lanzó hoy un jarro de agua fría sobre las expectativas generadas en torno a la próxima reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014. El presidente del Gobierno aprovechó la Conferencia de Presidentes en el Senado para advertir de que, a pesar de la recuperación, la economía española aún presenta deficiencias y que la recaudación se encuentra a niveles inferiores a los de 2007, lo que se traduce en que el margen de mejora de los recursos que puedan inyectarse en el modelo es escaso.

Nada tiene que ver que el trato entre las comunidades autónomas y el Gobierno parezca ahora más fluido que nunca. Los socialistas bromean con que la pérdida de la mayoría absoluta en el Congreso ha sentado muy bien al PP. El propio jefe del Ejecutivo, que solo convocó una de estas cumbres autonómicas en la pasada legislatura, agradeció a todos los presentes su actitud y defendió la «utilidad» de este órgano de coordinación interterritorial, pero también apeló a la racionalidad.

Para empezar, y pese a que uno de los acuerdos del cónclave fue el de que la nueva financiación vea la luz a finales de año, dejó claro que esa es su voluntad pero que una cosa son las intenciones y otra la realidad. Son muchos los actores que han de ponerse de acuerdo y muy diferentes las visiones de unos y otros territorios. «Y no es problema -recordó el presidente del Gobierno- de ideología ni de partido».

Discrepancias fraternales

No le falta razón. La prueba está en que en la misma Conferencia, -de la que se ausentaron, por primera vez, el 'lehendakari' Iñigo Urkullu y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont- ni socialistas ni populares actuaron en bloque. Cuando la presidenta de la Junta de Andalucía demandó una ley de armonización fiscal para evitar lo que considera competencia desleal de algunas comunidades (y sobre todo de Madrid) en la gestión de impuestos cedidos como Sucesiones, Patrimonio o un tramo del IRPF, la mayoría de las comunidades del PSOE la secundaron, pero no la balear Francina Armengol, que alegó que la autonomía financiera no puede verse recortada. Lo mismo defienden la mayoría de los gobiernos del PP, pero no el de Castilla y León.

En todo caso, en lo que mayor hincapié hizo Rajoy -al margen de esta polémica concreta a la que simplemente se dio una patada hacia adelante- fue en lo limitado de los recursos disponibles para las autonomías o, lo que es lo mismo, para el sostenimiento del Estado de bienestar. Según sus explicaciones, durante la crisis «perdimos 70.000 millones de euros» en recaudación y aún haría falta crear 400.000 puestos de trabajo al año, hasta 2020, para volver a los niveles previos al inicio de la recesión.

A eso, además, sumó que el gasto en pensiones ha subido en 40.000 millones, mientras los ingresos han caído un 20.000 millones desde 2007. Y también recordó el hecho de que hay que cumplir la senda de reducción del déficit comprometida con Bruselas que, solo este año, implica un ajuste de 5.500 millones del gasto público. «A partir del 3% (del déficit) seremos más libres y podremos hacer más y mejores políticas en beneficio de la gente», dijo. En principio esa cifra es el objetivo para este ejercicio.

Brazos abiertos

Este aviso augura que, pese al buen clima que detecta el Ejecutivo y a aunque ya este año las autonomías recibieron 7.000 millones de euros adicionales por la liquidación del sistema de 2014, la negociación será complicada. Y más aún si se tiene en cuenta la posición de Cataluña (el País Vasco tiene régimen fiscal propio).

Además de la ausencia de Puigdemont en el encuentro del Senado, que ahora se convertirá en anual, el Gobierno catalán ha anunciado que no incorporará ningún experto a la comisión que en el plazo de un mes debe elevar una propuesta de reforma del sistema de financiación aprobado en 2009, aunque hará seguimiento de los avances que puedan producirse.

Rajoy mostró su confianza en que la Generalitat acabe cambiando de opinión y aseguró que ésa, y el resto de comisiones que hoy se acordó crear sobre distintas materias- el pacto de educación, la creación de una tarjeta social, el acuerdo sobre la pobreza energética, el consejo nacional de protección civil- estarán siempre abiertas para que Cataluña participe en el momento en que lo considere oportuno. «La invitación está hecha; no haré ningún reproche», prometió. Lo que también dijo es que en ningún caso se pararán los trabajos por Cataluña. Y dejó claro que, pese a estar dispuesto a reunirse con Puigdemont cuantas veces se lo pida, no habrá una negociación bilateral de la financiación, que afecta al conjunto de las autónomías, salvo País Vasco y Navarra. «Entre todos -alegó- podemos hacer las cosas de forma ordenada».