Una decena de exconsejeros de Caja Madrid reconocen cobros indebidos

 Los abogados de una decena de acusados por las tarjetas 'black' -entre ellos los de Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña, y Carmen Cafranga, expresidenta de la Fundación de Caja Madrid- admitieron este miércoles que sus clientes pudieron haber incurrido en cobros indebidos con estos polémicos plásticos. No obstante, negaron que hubieran cometido un posible delito de administración desleal o incluso de apropiación indebida. Precisamente por esto último se enfrentan a penas que van desde un año y medio de cárcel hasta un máximo de seis años en un juicio que previsiblemente quedará visto para sentencia a principios de febrero.

Según expusieron estas defensas ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga, ni el fiscal ni las acusaciones han podido demostrar "en un solo caso" que las disposiciones realizadas por los exconsejeros y antiguos altos cargos de la caja de ahorros madrileña y Bankia que se sientan ahora en el banquillo estuvieran limitadas solo a gastos de representación. A este respecto dijeron que la propia entidad cubrió todos los gastos realizados con esas polémicas tarjetas Visa entre 1988 y 2010 sin llegar a distinguir su naturaleza ni tampoco exigir su devolución.

El hecho de que Caja Madrid "lo pagaba todo" llevó a estos letrados a sostener que, como buena parte de los acusados esgrimieron en sus declaraciones en la vista oral, las 'black' les fueron entregadas como un complemento más a su sueldo y, en el caso de los consejeros, a sus dietas y gastos profesionales. Sin embargo, una parte importante ha procedido a reintegrar las sumas que gastaron con ellas, circunstancia que achacaron a su miedo a las posibles consecuencias penales una vez que se supo que la Fiscalía Anticorrupción había presentado una querella por estos hechos, acusándoles de despilfarrar hasta 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.

Para los abogados de esa decena de acusados, resulta "absurdo" que se les pueda acusar de apropiación indebida de un bien (las tarjetas) que les entregó la propia entidad y que, además, estaban a su nombre y no al de la caja de ahorros. Por ello, consideraron que en todo caso se les podría atribuir algunos cobros indebidos a través de las mismas, lo cual merecería una multa pero no una condena penal. El problema, apostilló el letrado de Arturo Fernández, es que Bankia decidió no reclamar esas cantidades por la vía civil porque "le costaba dinero".