El conflicto urbanístico de Pomecia contra tres exalcaldes no irá al Supremo

Las diligencias por el conflicto urbanístico del barrio de Pomecia de Teruel que investiga a tres exalcades seguirán en el Juzgado de Instrucción nº 1 de la capital después de que la Audiencia Provincial haya decidido revocar el auto que enviaba el caso al Tribunal Supremo por el aforamiento de uno de los investigados.

Así, en un auto del 23 de diciembre la Audiencia Provincial de Teruel ha decidido estimar los recursos de apelación interpuestos por los exalcaldes Miguel Ferrer (PAR), Manuel Blasco (PP) y Lucía Gómez (PSOE), así como del edil Jesús Fuertes y un funcionario en los que solicitaban la revocación del auto del Juzgado de Instrucción nº 1 que enviaba las diligencias del caso a la Sala II del Tribunal Supremo.

El juez de instrucción alegaba la condición de aforado de Blasco, actualmente diputado en el Congreso.

Todos ellos recurrieron la decisión pidiendo el sobreseimiento de las actuaciones, algo que no se estima ahora, y subsidiariamente la revocación de la inhibición y la continuación de las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción, que es lo que sí se acuerda en este texto.

La Audiencia estima en su auto que el juez de instrucción de Teruel debe continuar las diligencias "para esclarecer si concurren suficientes indicios de la presunta comisión de delito o delitos por parte del denunciado aforado", que será cuando "se procederá declarar la competencia" asegura el texto "o, en su caso, proceder al archivo si lo denunciado no es constitutivo de infracción penal".

El barrio de Pomecia es un conflicto urbanístico que lleva años en los juzgados por la vía administrativa y que ahora ha comenzado la propietaria de los terrenos, Isabel Gorbe, a reclamar por la vía penal.

Gorbe presentó denuncias contra los representantes municipales no solo por no haber actuado para evitar la ocupación ilegal de terrenos de su propiedad sino porque incluso se llegó a invertir en ellos dinero municipal para mejorar entre otras cuestiones el pavimento, con aumento de terreno de su propiedad ocupado.

Una resolución de la extinguida Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel de 2011 obligaba a demoler 30 casas "ilegables e ilegalizables" de este barrio de la ciudad en el que se estima que viven unas 200 personas.

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