La CE trata con España la queja de FACUA sobre normativa de viajes combinados

La Comisión Europea (CE) está tratando con las autoridades españolas la queja de la organización de consumidores FACUA sobre incumplimiento por parte de España de la directiva comunitaria de viajes y circuitos combinados, dijeron hoy fuentes comunitarias.

FACUA anunció ayer que, tras su denuncia, la CE había instado a España a cambiar esa normativa, tanto nacional como autonómica, para que refleje correctamente la directiva europea, que otorga "mayores garantías para los usuarios de lo que hace la legislación española actual".

Las fuentes comunitarias no confirmaron que la CE haya instado a España a cambiar la normativa y únicamente dijeron que la Comisión está en contacto con las autoridades españolas sobre esta cuestión.

Tras diferentes casos como la quiebra de Orizonia en 2013 además de Marsans y Todolisto.es, FACUA denunció ante la CE el incumplimiento en España de la directiva comunitaria relativa a los viajes y los circuitos combinados.

La organización criticaba, en concreto, la garantía que las agencias deben presentar para responder ante los viajeros en caso de insolvencia o quiebra o cuando el viaje combinado no se corresponde con lo contratado en la agencia.

Denunciaba que, en la práctica, esas fianzas nunca se utilizan para el objetivo previsto y que los reglamentos autonómicos están "repletos de indeterminaciones y falta de concreción y hacen muy difíciles o imposibles los procesos de resarcimiento a los usuarios afectados".

De acuerdo con FACUA, hasta ahora los reglamentos autonómicos -salvo en Cataluña (nordeste), donde ya se modificó la normativa en 2012- establecen una garantía mínima de 60.000 euros para que las agencias de viajes minoristas hagan frente a un caso de insolvencia o quiebra.

Tras la denuncia de FACUA, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición modificó el artículo 163 de la Ley General de Defensa de los Consumidores.

La Secretaría de Estado de Turismo recogió, en un borrador que ha hecho llegar a las comunidades autónomas para la adecuación de la normativa a la legislación comunitaria, que ese aval sea de 100.000 euros en el primer año de ejercicio y un 5 % del volumen de negocio derivado de los ingresos por venta de viajes combinados en los años siguientes, según la organización.

Según FACUA, tras la adecuación de la normativa catalana, la única comunidad que ha anunciado un cambio es la de Madrid, que adaptaría íntegramente el borrador propuesto por la Secretaría de Estado de Turismo.

.