IU critica el intento del Ayuntamiento de Segovia por legalizar casa La Parra

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la propuesta de restauración de la legalidad del edificio destinado a vivienda, local y garajes conocido como 'Casa de La Parra', una acción que según ha manifestado IU en un comunicado "podría inhabilitar como cargo público a la alcaldesa".

Y es que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una Providencia de fecha 15 de julio de 2016, por la que se insta al Ayuntamiento de Segovia a derribar "de forma inmediata" dicho inmueble, para cumplir con la Sentencia del Tribunal Supremo que determina tal obligación, ha explicado IU.

Además, la coalición ha recordado que la Providencia del TSJCyL determina la imposición de una multa a la Alcaldesa de 500 euros mensuales desde el mes de septiembre y contempla la posibilidad de deducir testimonio por si se estuviera cometiendo algún delito en caso de incumplimiento.

El portavoz de IU Segovia, Ángel Galindo, ha vuelto a pedir al equipo de Gobierno Local que cumpla con sentencia y ha calificado de "irresponsable" el hecho de que la alcaldesa se empeñe en hacer "caso omiso" a una sentencia firme, mientras "trata de legalizar el edificio a toda costa".

Galindo ha insistido en que el Gobierno socialista "debería dar ejemplo y no restar credibilidad a la Justicia, cuando esta ha dado la razón a los vecinos que denunciaron hace 20 años las irregularidades urbanísticas que rodean al edificio".

Y ha añadido que las administraciones "no han de ser permisivas y deben actuar con contundencia ante aquellos casos de irregularidades urbanísticas con los que algunos particulares tratan de lucrarse".

Por su parte, el Ayuntamiento ha propuesto un Plan Especial que afecta al hospital Policlínico y a la parcela del colegio de las Concepcionistas, según ha señalado hoy en la Junta de Gobierno Local el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, para "restituir la legalidad" y así evitar los costes del derribo y de las indemnizaciones.

El mantenimiento del inmueble, que cuenta con 22.000 metros cuadrados de los que ya han sido expropiados unos 10.000 -según IU- "acabará ocasionando un mayor coste económico para el consistorio ya que no es aceptado por el TSJ".

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