Cornellà creará una ordenanza para sancionar a tenedores de pisos vacíos

El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat ha aprobado esta semana de forma inicial una ordenanza municipal que permite regular el sistema de sanciones a los tenedores de viviendas vacías, ya sean entidades financieras o particulares.

En un comunicado, el consistorio ha detallado que esta ordenanza se ha redactado siguiendo los criterios que marca la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña.

La ordenanza prevé instar a tenedores a que ocupen sus pisos en un plazo de un mes o bien que los cedan a la administración para que pueda gestionar en régimen de alquiler social.

Si las entidades o propietarios se niegan a ceder sus viviendas, el consistorio impondrá sanciones por importe de 3.000 euros en un primer momento, que pudiendo incrementarse hasta los 9.000 euros en caso de no atender a la petición inicial del consistorio.

Con esta medida, el Ayuntamiento "da un paso más para hacer frente a la problemática de la vivienda, que se ha visto agravada por la crisis económica con la reducción continua de la renta disponible de las familias, provocando que muchas de ellas no puedan cubrir necesidades básicas como la vivienda".

La nueva ordenanza, que debe seguir el trámite administrativo correspondiente para fue aprobada definitivamente, establece el procedimiento para sancionar a los tenedores de viviendas vacías.

En el año 2014, el Pleno municipal ya aprobó una moción para penalizar estas actuaciones y desde entonces el Ayuntamiento ha trabajado para detectar los pisos vacíos que hay en la ciudad y ha negociado con los propietarios para que los destine al Fondo de Vivienda de Alquiler Social creado en 2015.

A lo largo del año, y mediante el diálogo, se han recuperado 25 pisos, que ya se han puesto en disposición de familias desfavorecidas, atendiendo a las necesidades detectadas.

En la actualidad en Cornellà hay, según la Agencia Catalana de Vivienda, 259 pisos vacíos en manos de los grandes tenedores, de los cuales ya se han inspeccionado 128, de los que unos 30 llevan más de dos años desocupados.

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